Dirección del Trabajo debe mantener en soporte papel los antecedentes de pago a proveedores mientras no sean revisados por la Contraloría General.

La Dirección del Trabajo solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de la implementación de la ley N° 21.180, sobre transformación digital del Estado, en relación a los antecedentes de respaldo de los pagos a proveedores, tales como facturas y resoluciones.

Asimismo, una vez que se lleve a cabo el proceso de digitalización, consultó sobre la obligación de mantener en soporte papel tales antecedentes, en tanto sean susceptibles de una revisión por parte de la Contraloría General, considerando que la citada ley N° 21.180, introdujo modificaciones a la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Como cuestión previa, el Contralor aclara que las señaladas enmiendas legales no han entrado en vigor de manera plena, ya que conforme a la modificación introducida a la ley N° 21.180 por la ley N° 21.464, aquella se aplicará gradualmente, de acuerdo a las fases establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2020, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y no podrá extenderse para ningún órgano de la Administración del Estado más allá del 31 de diciembre del año 2027.