Recurso de protección rechazado.
Sobre la facultad privativa de Gendarmería de Chile para determinar el lugar de reclusión de internos, a propósito de la motivación del acto administrativo y su debida proporcionalidad.
El fallo plantea una serie de acreditaciones como motivación del acto administrativo, propio del control jurisdiccional latente en un Estado de Derecho, elevando un estándar de justificación de Seguridad Nacional para desestimar el arraigo familiar del penado con más de 1.841 kilómetros de distancia.
Por María Soledad Mortera De Iruarrizaga ()*
Las solicitudes de factibilidad de traslado de Unidad Penal tanto dentro de una región, como fuera de ellas, resultan ser uno de los requerimientos más cotidianos que realizan los defensores –ya sean públicos o privados – por regla general, vía tutela de garantías o bien mediante un recurso de amparo ante un juez de garantía, bajo diversas premisas en atención a lo que demanden sus representados conforme al caso concreto.
No obstante, lo anterior, Gendarmería de Chile también se enfrenta a requerimientos judiciales elevados ante los Tribunales Superiores de Justicia, por cuanto, las defensas de aquellos penados han optado por utilizar una de las acciones constitucionales contempladas en nuestra actual Carta Fundamental, por diversas consideraciones que se verán en la especie.
Comentarios (1)
Carlos Henríquez Martínez El mal comportamiento intrapenitenciario puede generar las sanciones disciplinarias qué contempla el DS 519. La reincidencia, da cuenta de la ineficacia de la sanción privativa de libertad (y de sus gestores…) para modificar comportamientos antisociales. Lo que fue un avance en el Siglo XVIII, ahora demuestra su ineficacia.
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