El Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública presentaron colaborativamente un proyecto que formará parte de uno de los once compromisos del plan de acción denominado “Justicia Abierta para un Estado Abierto”.
El proyecto que fue presentado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago, tiene por objeto acercar la justicia a las personas, a través de políticas institucionales entre ambas instituciones, siendo una de ellas articular acciones con los gobiernos locales y fortalecer el lenguaje claro.
La iniciativa será incluida como parte del quinto de los 11 compromisos del plan, respecto del cual no sólo participa el PJUD y la DPP, sino que además el Congreso y los ministerios de Energía y de Ciencias, por lo que por primera vez se incorporarán a estos planes representantes de los tres poderes del Estado.
El Poder Judicial asumió cuatro iniciativas, para lo cual desarrollará una política de atención de usuarios, un glosario interactivo de términos jurídicos, iniciativas de difusión en los territorios y un piloto de ‘facilitadores judiciales’.
Por su parte, la DPP, promoverá el desarrollo de distintas iniciativas directas de difusión con la comunidad a fin de dar a conocer las características y los actores del sistema de justicia, en cuanto el principal objetivo es que la comunidad entienda y valore el funcionamiento, para lo cual se realizarán charlas sobre el “Proyecto Inocentes” y desarrollaran simulaciones de tribunales con jóvenes como protagonistas.
Dicho compromiso se desarrollará durante los próximos cuatro años.
De acuerdo a la CEPAL, según el experto Peter Sharp, representante de la DPP y miembro del comité institucional, la justicia abierta es “(…) un diálogo permanente del ecosistema de justicia con la ciudadanía que, desde la transparencia, la participación y la colaboración permite un pleno acceso a la justicia generando honor social y valor público en los intervinientes.”
Los principios de la Justicia Abierta son:
-Transparencia: Los datos a partir de los cuales se adoptan decisiones deben ser públicos, ya que son financiados con recursos públicos y deben cumplir con estándares reconocidos. Es decir, en formato abierto, procesables, accesibles a través de herramientas tecnológicas y, sobre todo comprensibles.
-Participación: Debe existir un diálogo ciudadano. Implica la obligación de la administración a crear los canales necesarios para construir un Estado más eficaz y eficiente en la inversión de los recursos públicos, Diálogo que también debe construirse desde la transparencia en una relación vis a vis.
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-Colaboración-coworking: Debe existir una dinámica de cocreación entre todos los intervinientes de la política pública, que involucra lo público y privado en una lógica de inteligencia colectiva, sobre una plataforma de trabajo con unidad de propósito.