Discutir las acciones que ha llevado el Gobierno de Chile, mediante la institucionalidad de Mejor Niñez, para resguardar la protección de menores de edad que se encuentran al cuidado del Estado, fue el objetivo de la sesión especial realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
En el tiempo previo, correspondiente a los solicitantes de la sesión, hizo uso de la palabra la diputada Camila Flores. La parlamentaria señaló que se está frente a una alarmante situación que da cuenta de una grave crisis, no abordada correctamente por el Estado.
Sostuvo que la vulneración de derechos es evidente, por lo que resulta urgente mejorar la fiscalización para entregar ayuda y protección real a niños, niñas y adolescentes. Flores recordó que el año pasado se conocieron denuncias sobre explotación sexual y pedofilia en al menos en cinco centros. “Estos hechos son inaceptables y nos deben afectar como sociedad”, precisó.
En ese marco recordó el trabajo de la comisión investigadora conformada el 2022 por la Cámara, la que emitió un informe con una treintena de recomendaciones, cuyo detalle de cumplimiento se desconoce.
Por lo anterior sostuvo que “no sólo corresponde responsabilizar a quienes cometieron directamente los abusos, sino que también a quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar, con el objeto de evitar y prevenir el registro de situaciones similares en el futuro”.
En tanto, y también en el tiempo previo, la diputada Marlene Pérez afirmó que los NNA son vulnerados sistemáticamente por el Servicio Mejor Niñez. Agregó que el organismo surgió para subsanar lo ocurrido en el Sename, pero el Servicio sigue actuando de manera negligente. Precisó que existe una falta evidente de capacidad del Gobierno para garantizar el bienestar de los menores, indicó.
La legisladora también critico que los NNA no tengan la atención sicológica que requieren, y que no se cumplan 45 mil medidas ambulatorias. También apuntó al funcionamiento de las residencias, ya que 225 menores, es decir, el 6% de NNA bajo protección, las han abandonado y tienen orden de búsqueda.
Visión del Ejecutivo
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió al marco general del Sistema de Garantías y Protección de NNA. Ello considerando la vinculación con distintos actores que tienen relevancia en la materia.
Respecto al avance en la implementación de la Ley de Garantías, señaló que en marzo se presentará una política nacional en materia de Niñas, Niños y Adolescentes y el Plan de Acción 2024-2032. Además, se ampliarán las Oficinas Locales de la Niñez de 199 comunas a la totalidad de ellas a diciembre de 2025.
También manifestó que se reactivará el proyecto de ley de adopción y se presentará una reforma a los tribunales de familia para asegurar los derechos de NNA. Con el fin de que sean oídos y tengan representación.
En tanto, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva se refirió a la protección especializada de NNA a cargo del Servicio Mejor Niñez . Indicó que cuando existen vulneraciones de derechos y delitos contra NNA, se toman medidas judiciales.
Explicó que se incrementaron en las modalidades de cuidado alternativo, como medida de protección excepcional y transitoria. Ello se traduce en la preferencia de familias de acogida por sobre las residencias de protección.
Sobre la explotación sexual de NNA (ESNNA) precisó que esta principalmente afecta a niñas. Por ello existe una estrategia nacional que aborda las necesidades y urgencias.
Además, existe una mesa interinstitucional para la defensa de los menores con el programa “Mi Abogado”. Se suma a ello un trabajo coordinado con Carabineros, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería, Justicia, el Ministerio Público, los tribunales y la PDI.
Participaron en el debate las y los diputados Francesca Muñoz, Maite Orsini, Andrés Celis, Lorena Pizarro, Stephan Schubert, Sara Concha, Ana María Gazmuri, María Francisca Bello, Camila Rojas, Erika Olivera y Felipe Donoso.
Mejor Niñez
La sesión fue solicitada debido a la existencia de una treintena de denuncias dadas a conocer a mediados de 2023 por el Servicio Mejor Niñez, por el delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes pertenecientes al sistema, principalmente en la región de Valparaíso. Estos hechos se replicaron a fin de año también en la región del Bio Bio.
La explotación sexual comercial de menores de edad es un fenómeno de larga data. Sin embargo, en estos casos se trata de víctimas que debían estar al cuidado del Estado.
Al respecto cabe recordar que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, reemplazó al anterior Sename. El organismo tiene la responsabilidad de garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que están gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Esto implica el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño y la prevención de nuevas vulneraciones.
Resoluciones
En la oportunidad la Sala aprobó un total de cinco resoluciones que piden la adopción de diversas medidas al Ejecutivo.
Entre ellas se solicita al Presidente de la República instruya al Ministerio de Desarrollo Social que disponga de los recursos necesarios para elaborar y/o perfeccionar las instituciones implicadas en la prevención, detección, intervención, erradicación de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, así como ejecutar un programa de alerta temprana de vulneraciones de derechos de NNA, asignando urgencia al proyecto de ley que regular la representación jurídica de estos.
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Asimismo, se pide implementar programas gubernamentales dentro de los servicios Mejor Niñez. La idea es promover activamente la cultura del esfuerzo, como respuesta efectiva al preocupante fenómeno de la narcocultura.
Se agrega la petición de reforzar la revisión sobre la disposición de recursos destinados por ley de presupuesto para el desempeño del Servicio, así como fortalecer el trabajo intersectorial, especialmente con Salud y Educación.
Finalmente se pide concretar a la brevedad la ejecución de las medidas administrativas y legislativas propuestas en el informe de la Comisión Especial Investigadora de las situaciones de abuso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado, aprobado por la Cámara en mayo del 2022.
Para asegurar este proceso, de ser necesario, se solicita conformar una mesa intersectorial e interinstitucional cuyo objeto sea superar las falencias demostradas por la nueva institucionalidad encargada del cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes, principalmente en su capacidad de fiscalizar a centros colaboradores.