En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Iquique condenó a los exconcejales Mitchel Cartes Tamayo y Arsenio Lozano Vidal a 3 años y un día de presidio, como autores del delito de fraude al Fisco, y a la pena de 718 días de presidio por el delito reiterado de cohecho. Ilícitos perpetrados entre septiembre y octubre de 2018.
En la resolución, Rol Nº4.459-2018, el magistrado aplicó, además, a Cartes Tamayo y Lozano Vidal las accesorias legales de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos por el término de 10 años, suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, la prohibición de acercarse a la municipalidad y el pago de multas de 25 y 5 UTM, respectivamente, por el delito de cohecho; y multas de 50 y 10 UF por fraude al Fisco.
En la causa, el tribunal condenó también al exseremi Johan Vieira Pineda a la pena de 3 años y un día de presidio, la inhabilitación absoluta para cargo u oficio público por el término de 10 años, la prohibición de acercarse a la municipalidad y una multa de 15 UTM, como autor del delito de soborno reiterado; además de 541 días de presidio, suspensión de cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y una multa de 50 UTM como autor del delito de lavado de dinero.
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Por cumplir los sentenciados los requisitos legales, el tribunal sustituyó el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, por la libertad vigilada intensiva por el plazo total que sumen cada una de las condenas, periodos en que deberán dar cumplimiento a programas de actividades formativas para reinserción social y sobre probidad.
Según el ente persecutor, una investigación iniciada en 2018 permitió detectar que los concejales habrían aceptado, a cambio de un beneficio económico, entregar a empresas que participaban en la licitación de recambio de luminarias públicas en la ciudad, acceder a información de la etapa previa de elaboración de las bases, incluso proponer montos para las ofertas más elevadas, lo que les permitiría asegurar beneficio económico y la adjudicación final de la licitación. En dicho contexto, Johan Vieira Pineda habría actuado como intermediario local de dichas empresas para proceder al pago del soborno comprometido.