La Cámara Baja del Parlamento de España aprobó una propuesta legislativa que busca otorgar amnistía a los separatistas catalanes involucrados en el intento de independentista de 2017. La propuesta de ley tiene como objetivo poner fin a los procesos judiciales y sentencias contra cualquier individuo que haya participado en la campaña catalana entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023, abarcando a más de 400 personas según cálculos del gobierno.
Esta iniciativa legislativa, que ha sido objeto de intensos debates y polémicas, representa un giro en el panorama político del país. Surgió como una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en diciembre de 2023, como parte de un acuerdo con el partido independentista Juntos por Cataluña (Junts). Sin embargo, su travesía legislativa ha estado marcada por la controversia y las protestas.
La aprobación de esta ley ha generado reacciones encontradas en todo el país. Mientras algunos sectores la ven como un paso hacia la reconciliación y la pacificación en Cataluña, otros la critican duramente, argumentando que socava la integridad del Estado y otorga impunidad a quienes desafiaron la legalidad española.
Partidos políticos como el Partido Popular Español (PP) han expresado su oposición vehementemente, considerando la propuesta como un intento de manipulación política por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la aprobación de la ley como un gesto de apertura y búsqueda de soluciones para resolver un conflicto arraigado en la sociedad española.
El proyecto de ley ahora debe ser revisado por el Senado, donde los conservadores tienen mayoría, por lo que su destino aún está por determinarse. Si el Senado la rechaza, la cámara baja del Parlamento tendrá que reconsiderar su posición en una segunda votación, lo que promete prolongar el debate y la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España.
“Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto. Esta facultad legislativa se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales que, en el seno de un Estado de Derecho, persigue la consecución de un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas”, señala el proyecto de ley en su preámbulo.
“Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo. Por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”, agrega el texto.