Derechos Humanos.
CIDH presentó ante la Corte IDH caso de Venezuela por violaciones al debido proceso en contexto de proceso penal.
José Luis Parada Sánchez, exgerente de la compañía Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), fue denunciado por irregularidades en licitación y contratación de servicios en 2008 y posteriormente, en 2015, arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el aeropuerto de Maracaibo. Durante su detención, enfrentó dilaciones judiciales, denegación de atención médica y negligencia en su traslado a centros de salud, a pesar de su diagnóstico de cáncer colorrectal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso 14.174 de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 12 de marzo de 2024 por la privación de la libertad de José Luis Parada Sánchez en un proceso penal que no respetó las garantías del debido proceso y por la falta de atención médica durante su detención.
José Luis Parada Sánchez, exgerente de la compañía Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), fue denunciado por irregularidades en licitación y contratación de servicios en 2008 y posteriormente, en 2015, arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el aeropuerto de Maracaibo. Durante su detención, enfrentó dilaciones judiciales, denegación de atención médica y negligencia en su traslado a centros de salud, a pesar de su diagnóstico de cáncer colorrectal. Aunque hubo una medida de arresto domiciliario y múltiples órdenes judiciales, los funcionarios del SEBIN no acataron su liberación, lo que finalmente lo llevó a evadir la custodia y huir en 2017.
En su informe de Admisibilidad y Fondo No. 393/22, la CIDH encontró que la detención fue realizada de manera incompatible con la Convención Americana, debido a que los funcionarios no se identificaron ni informaron adecuadamente sobre los motivos de la detención. Además, determinó que la prisión preventiva fue arbitraria y violó el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, al ser considerada como una medida punitiva en lugar de cautelar.
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