Derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Interceptaciones telefónicas a ex policía italiano investigado por sus vínculos con la mafia no se ajustan a derecho, resuelve el TEDH.
El derecho italiano no ofrece garantías adecuadas y efectivas contra los abusos a personas que han sido sometidas a una medida de interceptación pero que, al no ser sospechosas ni acusadas de estar implicadas en un delito, no eran partes en el proceso. En particular, no había ninguna disposición que permitiera a esas personas solicitar a una autoridad judicial una revisión efectiva de la legalidad y necesidad de la medida.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió parcialmente la demanda interpuesta contra Italia por la presunta ilegalidad de la interceptación telefónica realizada contra el demandante, junto al registro de sus propiedades, en el marco de una causa en la cual no estaba directamente involucrado. Constató una violación al artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
El demandante, un ex alto oficial de policía, fue condenado en 1996 por apoyar a la organización mafiosa “Cosa Nostra”. En 2017, en el marco de las investigaciones por el asesinato de un policía en 1989, se interceptaron sus líneas telefónicas. Estas investigaciones se centraron en tres personas, dos presuntos miembros de la Cosa Nostra y un agente de policía, aunque el actor no era sospechoso directo. La fiscalía justificó las escuchas para monitorear posibles reacciones y conversaciones relacionadas con el caso.
Las escuchas telefónicas revelaron la existencia de propiedades donde el demandante guardaba documentos, resultando en registros domiciliarios. El hombre se enteró de las escuchas al leer la orden de registro el mismo día del procedimiento y afirmó no haber recibido copias de las decisiones judiciales pertinentes. La investigación sobre el policía se interrumpió tras su muerte, mientras que los otros dos sospechosos fueron procesados en 2020. El juez había autorizado a la fiscalía a no archivar las transcripciones de las conversaciones interceptadas. En este contexto, el actor demandó al Estado ante el TEDH.
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