Diario Constitucional

Persisten afectaciones al acceso a la justicia.

Nicaragua: CIDH insta a garantizar la vida e integridad de las personas detenidas arbitrariamente y a su inmediata liberación.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió información sobre las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos. Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como "presas políticas".

Por Redacción·11 de junio de 2024·4 min de lectura
Imagen: laprensani.com
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan su preocupación por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua, instan a garantizar su vida e integridad, así como a liberarlas de manera inmediata.

Al 30 de abril de 2024, al menos 128 personas se encuentran privadas de la libertad arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada desde 2018, según información del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua (colectivo integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil). De ellas, más de 30 personas cuentan con medidas cautelares o provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Al respecto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió información sobre las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos. Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como «presas políticas».

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