En informe remitido al Senado.
Severas críticas formula la Corte Suprema al proyecto de ley que impide la revisión judicial de la reserva de identidad de testigos, peritos, agentes encubiertos, agentes reveladores o informantes.
Resulta altamente inadecuado que los Senadores autores de la moción hayan elegido fundamentarla con la finalidad de “impedir que el Tribunal pueda poner en riesgo la vida o integridad física o psíquica de testigos, peritos, agentes encubiertos, agentes relevadores e informantes, develando su identidad, cuando las causas estén directamente vinculadas a crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

La Corte Suprema, reunida en tribunal pleno, analizó el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal, para no permitir la revisión judicial de la medida de reserva de identidad de los testigos en los casos que indica.
La iniciativa se inspira en el incremento desmesurado de los delitos de connotación social, como son los homicidios, violaciones, lesiones, robos con violencia o con fuerza ejecutados por la delincuencia organizada. Para ello es fundamental que los testigos, que son la piedra angular de una investigación y un enjuiciamiento eficaz, confíen en los sistemas de justicia penal. Los testigos necesitan tener la confianza suficiente para ofrecerse a ayudar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento y tener la certeza de que recibirán apoyo y protección contra la intimidación y los daños que pueden tratar de infligirles los grupos delictivos para intentar disuadirles de que cooperen o castigarles por hacerlo.
Si bien nuestra legislación reconoce la protección de los testigos dispuesta por el Ministerio Público, esa reserva está sujeta a que cualquiera de los intervinientes pueda solicitar al Juez de Garantía la revisión de las medidas resueltas por el persecutor, en cuanto a la reserva de la identidad de los testigos.
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