Proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales en materia de aplicación de medidas cautelares personales respecto de imputados pertenecientes a asociaciones criminales.

La iniciativa, patrocinada por los senadores Iván Flores y Manuel José Ossandón, junto a la senadora Paulina Vodanovic, modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, para que, respecto de los imputados que pertenecen al crimen organizado, en caso de existir antecedentes que fundan la procedencia de la prisión preventiva, no sea posible con posterioridad su revocación o su reemplazo por una caución.

Los autores de la moción refieren que en nuestro país, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional que se aplica solo cuando concurren ciertas causales establecidas en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que califica como peligrosa la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad, según los siguientes criterios: la gravedad del hecho, la gravedad de la pena asignada al delito, número y carácter de delitos, si existen o no procesos pendientes, y el hecho de haber actuado como parte de una organización o asociación.

Agregan que, se trata de una medida cautelar de última ratio, es decir, solo se debe decretar cuando no existan otras medidas cautelares menos gravosas suficientes. Pudiendo esta ser revisada en audiencia cada vez que se solicite durante el procedimiento, instancia en la cual defensores, querellantes y fiscales deberán fundamentar las razones por las cuales sigue siendo conveniente el mantenimiento de esa medida cautelar, y no sería adecuado su reemplazo.