Sanciones aplicables a los campamentos de personas sin hogar no son inconstitucionales, resuelve la Corte Suprema de Estados Unidos.

En el caso “City of Grants Pass, Oregon v. Johnson”, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia que aborda la aplicación de ordenanzas municipales contra los campamentos de personas sin hogar cuando no existe capacidad suficiente en refugios disponibles. Los demandantes habían impugnado las ordenanzas de la ciudad de Grants Pass, Oregon, argumentando que prohibir el campamento público constituía una violación de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Inicialmente, se había emitido una orden judicial que impedía a la ciudad hacer cumplir sus leyes contra el campamento de personas sin hogar.

La Corte Suprema revocó esta orden judicial, argumentando que las sanciones impuestas por la ciudad no alcanzaban el umbral de castigo «cruel e inusual» bajo los estándares constitucionales. Por una mayoría de 6 a 3, sostuvo que las penas por violar las ordenanzas municipales eran principalmente multas leves y, en casos de reincidencia, penas de cárcel breves, las cuales no eran desproporcionadas ni inconstitucionales dada la naturaleza de las infracciones en cuestión.

En el disenso, redactado por la Jueza Sonia Sotomayor, apoyada por las Juezas Elena Kagan y Jackson, se argumentó que la aplicación de estas leyes contra personas sin hogar, particularmente cuando no tienen alternativas de refugio, podría considerarse un castigo cruel e inusual en violación de la Octava Enmienda. Esta posición disidente destacó preocupaciones sobre el impacto desproporcionado de las ordenanzas municipales en los derechos de las personas sin hogar, subrayando la necesidad de considerar las circunstancias individuales y la capacidad de los refugios locales al aplicar estas prohibiciones.