Tercero que contrata servicios funerarios para un fallecido no familiar no puede disponer de sus restos, resuelve un tribunal peruano.

La Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) acogió la demanda que un cementerio interpuso contra una entidad de defensa del consumidor y un hombre que lo denunció en sede administrativa. En virtud de los antecedentes dejó sin efecto las sanciones dictadas por la entidad, y dictaminó que actuó conforme a derecho al exigir que la inhumación de un cadáver fuera autorizada por un familiar directo del fallecido, sin perjuicio de que la sepultura fue contratada por un tercero que no contaba con esta facultad.

Según los hechos narrados, una mujer suscribió un contrato con el cementerio para dar sepultura a un joven fallecido. Posteriormente, el padre del difunto denunció a la empresa por suscribir el contrato a pesar de que la titular no tenía parentesco alguno con su familia, y por realizar la inhumación del cadáver del joven. Por este motivo el cementerio fue multado en sede administrativa, por lo que interpuso una demanda para impugnar esta decisión.

Alegó tener libertad para contratar y se quejó de que la entidad incurrió en un error al no diferenciar un contrato de cesión de derecho de sepultura de una autorización de inhumación. En su contestación, el organismo regulador adujo que no había vulnerado ningún principio del derecho administrativo en su resolución, pues actuó de acuerdo al principio de Legalidad para imponer la medida correctiva cuestionada, al no haberse tenido en cuenta la participación de los familiares del difunto, pues a su juicio así lo señalaba la norma.