Requerimiento de inaplicabilidad.
Normas que facultan a la Contraloría para ordenar el descuento de las remuneraciones de los funcionarios públicos las sumas que hayan percibido indebidamente, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
La requirente sostiene que el reintegro de los montos que percibió del fondo de desahucio y que se le ordena devolver, en aplicación de la preceptiva legal cuestionada, llevan a que esta normativa produzca efectos contrarios a la Constitución, e infrinja su honra, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Además, vulneran el principio de Supremacía Constitucional (art. 6, constitucional) y el principio de Juridicidad (art. 7, de la Constitución).
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 67, inciso primero, 67 bis en la frase “Las obligaciones pecuniarias derivadas de la responsabilidad civil de que trata este Título, se reajustarán conforme a la variación que experimente la unidad tributaria mensual”, y 146 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Los preceptos legales impugnados establecen:
“Artículo 67. El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas”. (Art. 67, inciso primero, Ley N° 10.336).
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