¿Es adecuado limitar el alcance jurídico de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana?, por Miguel Ángel Antemate Mendoza.

El pasado 17 de junio de 2024, la Suprema Corte resolvió un asunto que no tuvo eco mediático, pero que tiene vital importancia para la protección de los derechos humanos en nuestro país; se trató de la contradicción de criterios 175/2022,1 bajo la ponencia del ministro Jorge Pardo Rebolledo, y que giró en torno a la siguiente pregunta: ¿Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son vinculantes para los jueces federales mexicanos?

Al tratarse de una contradicción de criterios, el proyecto estudió las decisiones en contradicción de los Tribunales Colegiados de Circuito2 en cuestión para a partir de ahí proponer “…que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son jurídicamente vinculantes para las personas juzgadoras, pero sí gozan de relevancia jurídica”.3

En efecto el proyecto de sentencia, al proponer tal posición, partió de un análisis incorrecto de la interpretación evolutiva de las opiniones consultivas de la Corte IDH, pues si bien es cierto que desde la OC 1/82, se sostuvo que “…las opiniones consultivas de la Corte, como las de otros tribunales internacionales, por su propia naturaleza, no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención”4, de ello no se sigue que tal criterio haya permanecido inamovible los últimos 40 años, ya que la Corte IDH ha maximizado los alcances de las mismas.