Multa impuesta a empresa que se negó a presentar una oferta de arrendamiento a un “okupa” se anula por un tribunal español.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°4 de Barcelona (España), acogió el recurso interpuesto por una compañía inmobiliaria que fue sancionada por negarse a arrendar una propiedad a un “okupa” que residía en uno de sus inmuebles en forma ilegal. Anuló la sanción fundada en una presunta infracción a las normas de protección al consumidor, al no haber existido una relación de consumo entre las partes ni mediar contrato alguno entre ellas

Según los hechos narrados, la autoridad administrativa de Cataluña multó a la empresa con 25.000 euros por negarse a otorgar un alquiler social a un okupa que residía en una de sus propiedades, a un precio asequible en virtud del código de consumo y de las “medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”, debido a los presuntos problemas socioeconómicos del ocupante.

La normativa aplicable establece que en estos casos los grandes tenedores debían presentar una oferta de alquiler social. No obstante, la empresa impugnó la resolución sancionatoria en sede judicial, alegando que la normativa que la funda era inconstitucional y que existían circunstancias exigibles para la obligatoriedad del ofrecimiento. Del mismo modo, agregó que la sanción era desproporcionada.