Opinión.
Sistemas de nombramientos judiciales al estilo de la Convención Constitucional, por Felipe Banetti.
Un aspecto importante a destacar del proyecto dice relación con los quorum, pues, dicho Consejo Judicial, podrá acordar con los dos tercios de sus miembros el nombramiento de los ministros y fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia, y tratándose de los demás auxiliares de la administración de justicia, será con la mayoría absoluta del pleno.

A raíz de los cuestionamientos al sistema de elección de los diferentes miembros del Poder Judicial, en la Cámara de Diputados de Chile, se han presentado dos mociones parlamentarias, actualmente en su primer trámite constitucional, que tienen un mismo objetivo: reformar el capítulo VI de la Constitución Política de la República, incorporando un nuevo organismo, encargado principalmente del nombramiento de los jueces y ministros de los tribunales que integran dicho Poder del Estado[1].
Como es sabido, el texto constitucional vigente establece un mecanismo de nombramiento en el cual participan los 3 poderes del Estado tratándose de la selección de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, y respecto de los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y los jueces de los tribunales inferiores de justicia, solamente intervienen el propio Poder Judicial y el Ejecutivo[2].
Bajo la finalidad de robustecer, orientar y modernizar la institucionalidad judicial para enfrentar de mejor manera los nuevos desafíos en materia de probidad, transparencia y el merito en el acceso a los cargos públicos, la primera iniciativa fue presentada por un grupo de Diputados oficialistas, postulando la creación un organismo de rango constitucional denominado “Consejo Judicial”, que será de carácter autónomo, técnico y colegiado, y que se encargará en forma exclusiva de la formación, función disciplinaria y nombramiento de ministros y fiscales judiciales de las Cortes y de los jueces de los tribunales que forma parte del Poder Judicial. La integración del organismo será de 19 consejeros en cuyo nombramiento intervendrán los 3 poderes públicos en conjunto con las Facultades de Derecho del país y deberán reunir requisitos específicos, tales como: haber cumplido 35 años de edad, 10 años de titulo de abogado y poseer las demás calidades para ser ciudadano, durando 3 años en dicho cargo sin posibilidad de ser reelegidos





