La Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión de las operaciones de la plataforma X (anteriormente Twitter) debido al incumplimiento por la empresa del requisito legal de designar un representante local en el país. La resolución fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien determinó que la falta de un representante designado contraviene las normativas establecidas por la legislación brasileña, que exige que todas las empresas extranjeras que operan en Brasil cuenten con una representación local que gestione los asuntos legales pertinentes.
La normativa brasileña establece que las empresas extranjeras que deseen operar dentro del territorio nacional deben nombrar un representante legalmente responsable para garantizar el cumplimiento de las leyes locales. En este caso, la empresa X, propiedad de Elon Musk desde 2022, fue notificada y se le otorgó un plazo de 24 horas para cumplir con dicho requisito. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) inició un procedimiento para bloquear el acceso a la plataforma en Brasil.
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En respuesta a la suspensión, Elon Musk manifestó su desacuerdo con la decisión, resaltando preocupaciones sobre el respeto a la libertad de expresión, en virtud de la negativa de X de bloquear las cuentas de algunos usuarios de la red social, tal como lo había solicitado el máximo tribunal de Brasil. No obstante, la orden judicial se basa en el principio de que todas las empresas deben operar conforme a las leyes del país en el que ofrecen sus servicios. El juez de Moraes, al dictar la medida cautelar, enfatizó la importancia del cumplimiento normativo y la necesidad de que las empresas internacionales mantengan una conducta alineada con el estado de derecho en las jurisdicciones donde operan.
La suspensión de las operaciones de X en Brasil permanecerá hasta que la plataforma cumpla con la obligación legal de designar un representante local. Este caso subraya la aplicación de la normativa nacional sobre las operaciones de empresas extranjeras y plantea cuestiones sobre la interacción entre la regulación estatal y la actividad de plataformas digitales internacionales.
“Concurren los requisitos legales necesarios, fumus boni iuris – consistentes en el incumplimiento reiterado, consciente y voluntario de las órdenes judiciales y el incumplimiento de las multas diarias aplicadas, además del intento de no presentarse al sistema jurídico y al poder judicial brasileño, con el fin de establecer un entorno de total impunidad y “tierra sin ley” en las redes sociales brasileñas, incluso durante las elecciones municipales de 2024 – así como el periculum in mora – consistente con el mantenimiento y la expansión de la instrumentalización de X BRASIL, a través de la acción de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales, con difusión masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”, concluye la Corte en su sentencia.