Las esterilizaciones no consentidas en el caso de las niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva, por Patricia Ramírez López y Tamara Cossio Ego-Aguirre.

La autonomía es un derecho fundamental de todas las personas, que se desarrolla a lo largo de la vida y se aplica progresivamente en la infancia y adolescencia. Tratándose de derechos sexuales y reproductivos, en nuestro país, cada niña y adolescente tiene libertad para poder decidir sobre su cuerpo y sexualidad, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia y coacción, por lo que resulta fundamental brindarles la adecuada protección de todas aquellas conductas que impliquen una invasión o intrusión no deseada en sus cuerpos, así como de aquellas restricciones no consensuales de su autonomía física.

Sobre el particular, es crucial reconocer que las niñas y adolescentes con patologías mentales o con discapacidad intelectual o psíquica, enfrentan múltiples formas de discriminación, producto de la combinación de factores tales como su etapa de desarrollo, su género y su situación de discapacidad. Este sector de la población, compuesto por mujeres menores de 18 años, se encuentra mayormente expuesto a sufrir violencia y prácticas no consentidas en materia sexual. La intersección de estos factores, configura una situación de vulnerabilidad única que aumenta significativamente el riesgo de ser sometidas a esterilización irreversible sin consentimiento.

En ese orden de ideas, en relación a las niñas y adolescentes con enfermedades mentales o discapacidad psíquica o intelectual, cabe destacar que existe una serie de cuerpos normativos que reafirman su derecho a la autonomía reproductiva y a la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su vida sexual. Dichos instrumentos, en efecto, abandonan la tradicional visión caritativa y de beneficencia, adoptando un enfoque que le permita ejercer estos derechos, con los resguardos adecuados, en virtud de su especial situación de vulnerabilidad.