Diario Constitucional

Recurso de queja acogido.

Resolución que ordenó entregar copias de contratos de rebates de AFP Hábitat por no concurrir causales de reserva, se deja sin efecto por la Corte Suprema.

Consideró que la información solicitada contiene detalles de condiciones contractuales entre una administradora de fondos de pensiones y un particular, lo que difiere de la información pública en general, requiriendo un análisis de su naturaleza para determinar su acceso.

Por Redacción·25 de septiembre de 2024·4 min de lectura
elmostrador.cl
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La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto por AFP Hábitat S.A. en contra de los ministros de una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber dictado con grave falta o abuso la sentencia por medio de la cual rechazaron el reclamo de ilegalidad entablado en contra del Consejo para la Transparencia que, acogiendo un amparo de acceso a la información, dispuso que la Superintendencia de Pensiones debía proceder a la entrega de copia de todos los contratos de rebates de AFP Hábitat, fiscalizados por dicho órgano, desde el 1 de marzo de 2004 a la fecha.

El conflicto surge luego de que la AFP solicitara que se mantenga en reserva la información sobre los contratos de rebates fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones, argumentando que dicha información es confidencial y que su divulgación afectaría sus derechos comerciales, basándose en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, el CPLT ordenó la entrega de la información, razonando que es de carácter público, ya que se encuentra en manos de un órgano del Estado. La Corte de Santiago rechazó el reclamo de la AFP, al considerar que no se configuraban las causales de reserva invocadas.

El recurrente alegó la existencia de una falta o abuso grave al interpretar erróneamente los contratos, señalando que estos no involucran a terceros no emplazados, quienes tienen interés comercial en los mismos, ya que contienen información sensible protegida por cláusulas de confidencialidad. Además, cuestiona que la sentencia indique que la información ordenada entregar se refiere a operaciones pasadas, cuando en realidad también incluyen obligaciones futuras.

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