Falta de investigación.
Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Guatemala por la desaparición forzada de activistas de Derechos Humanos de étnia indígena.
Se ha reiterado el carácter permanente de los actos constitutivos de desaparición forzada mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, así como la naturaleza pluriofensiva que sus consecuencias acarrean a distintos derechos reconocidos en la Convención Americana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó la responsabilidad internacional de Guatemala por la desaparición forzada de cuatro defensores de Derechos Humanos que fueron secuestrados por agentes estatales, cuyo paradero se desconoce al día de hoy. Constató una violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías procesales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, a defender los derechos humanos y de circulación y de residencia.
El caso versa sobre la desaparición forzada de cuatro miembros del Consejo de Comunidades Étnicas «Runujel Junam» (CERJ), una organización indígena que defendía los derechos humanos y que se oponía al reclutamiento forzoso en el marco del conflicto armado interno que enfrentó al Estado con la guerrillas. En 1989 fueron secuestrados de manera violenta por individuos armados y vestidos como militares.
Posteriormente, representantes del CERJ accionaron judicialmente para esclarecer los hechos, aunque sin éxito. El Procurador de los Derechos Humanos realizó diligencias, incluyendo solicitudes de información al Ministerio de la Defensa, que alegó no disponer de datos. Paralelamente, el Ministerio Público inició investigaciones sin avances significativos debido a la falta de cooperación institucional.
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