Invalidación de oficio por la Corte Suprema.
Fallo que aplicó normativa del Código Penal para declarar de oficio prescripción de la acción por infracción a la ley de pesca incurre en vicio de nulidad formal, al no fundamentar cómo estas normas resultan pertinentes, resuelve la Corte Suprema.
Resolvió que incurrió en razonamientos contradictorios, pues, por una parte señala que no se hace aplicable el Código Penal en lo relativo a la suspensión e interrupción de la prescripción, pero seguidamente lo aplica para los efectos de declarar de oficio la prescripción de la acción infraccional, sin fundamentar cómo resulta pertinente a la materia infraccional prevista en la Ley General de Pesca y Acuicultura, esto es, por remisión, supletoriedad o analogía, entre otras alternativas que puedan justificarse, ninguna de las cuales se consigna a fin de otorgar cimentos a la decisión.

Al conocer de un recurso de casación en el fondo, la Corte Suprema invalidó de oficio la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que confirmó el fallo de base que declaró de oficio la prescripción de los hechos contenidos en una denuncia sobre infracción a la normativa pesquera.
La causa versa sobre una demanda presentada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) en Talcahuano, por una infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura por parte de una embarcación artesanal, cuyo patrón y armadora realizaron actividades de pesca dentro de la primera milla marina reservada exclusivamente para embarcaciones menores a 12 metros. SERNAPESCA les acusó de capturar anchoveta y sardina común sin la debida autorización, en contravención a los artículos 47 bis, 110 letra g) y 112 de la ley, y a la Resolución Exenta N° 919/2018. Solicitó la ratificación de la incautación del resultado de la pesca y la aplicación de sanciones correspondientes.
El tribunal de primera instancia consideró que, a partir de la ocurrencia de los hechos el 17 de abril de 2020, ya habría transcurrido el plazo de tres años contemplado en el artículo 132 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, por lo que declaró la prescripción de oficio, según lo dispuesto en el artículo 102 del Código Penal. Además, concluyó que el inicio del proceso contravencional no suspende la prescripción, ya que esta regla se aplica únicamente a crímenes o simples delitos, conforme al artículo 96 del mismo Código.
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