El órgano de la administración del Estado debe explicar de forma cierta y concreta cómo se configura la afectación a sus funciones para negarse a la entrega de la información.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en contra de la resolución adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó la entrega de una serie de informes y anexos relacionados con la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez entre octubre de 2015 y diciembre de 2022.

La reclamante denegó previamente el acceso a la información, invocando las causales de secreto o reserva previstas en el artículo 21 N°1, letras a) y c), de la Ley 20.285, argumentando que la divulgación de dichos informes afectaría el cumplimiento de funciones del organismo y podría comprometer aspectos sensibles para terceros y la seguridad pública.

A pesar de la negativa, sostuvo que se ofreció un acceso limitado a un resumen mensual de la información solicitada a través de la plataforma web del Ministerio, proporcionando un enlace al solicitante.