Multa impuesta a establecimiento educacional que incumplió normativa educacional por falta de idoneidad de personal docente y pérdida de clases, se ajusta a derecho.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la reclamación judicial interpuesta por una sociedad educacional en contra de la Superintendencia de Educación, por la resolución que confirmó la multa de 501 UTM a beneficio fiscal, impuesta a la reclamante.

La actora sostuvo que las dificultades para impartir clases en 2022 fueron causadas por renuncias imprevistas de docentes y la falta de personal adecuado en el mercado laboral. Agregó que no hubo intención de infringir la ley ni beneficios económicos derivados de la situación, y que el colegio ha mantenido una conducta ejemplar. Denunció que la sanción es desproporcionada, e invocó la prescripción del procedimiento y la vulneración de principios como la proporcionalidad y el debido proceso. Solicitó la anulación de la multa o, en su defecto, su reducción al mínimo legal.

La Superintendencia de Educación informó que la reclamante erró en el cómputo del plazo de caducidad, ya que el mismo debe contarse desde la notificación del inicio del procedimiento sancionador, y no desde la resolución impugnada.