Corte acoge recurso de protección
Cancelación de matrícula a menor de 12 años fundada en acusaciones de presunto acoso escolar, venta de videos de connotación sexual y conductas de connotación sexual frente a sus compañeros, es ilegal cuando el estudiante padece TDAH.
Lo decidido va en contra de toda lógica, pues la conducta esperable del organismo es el reforzamiento de las medidas y el trabajo colaborativo con los padres, para lograr el éxito de las herramientas preventivas y control de las crisis del alumno, pero sin sancionarlo por “faltas gravísimas” a la disciplina, ni condicionar su permanencia en el colegio al cumplimiento de las observaciones realizadas a los padres al resolver la condicionalidad de la matrícula.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección interpuesto en contra de un colegio por cancelar la matrícula a un estudiante de 6 básico.
El actor, padre del alumno, alegó que en diciembre de 2024 se le comunicó verbalmente la cancelación de su matrícula para el año 2025 por habérsele atribuido diversos hechos, entre ellos haber cometido acoso escolar contra compañeros de curso vía WhatsApp, haber vendido un video de connotación sexual a otro estudiante y haberse masturbado durante un viaje escolar, en circunstancias que tales imputaciones fueron falsas y, en algunos casos, los hechos fueron protagonizados por otros alumnos, además de que el colegio no realizó una investigación adecuada ni brindó apoyo psicopedagógico al niño, limitándose a remitir los antecedentes al Juzgado de Familia cinco meses después de ocurridos los hechos, y el tribunal rechazó la solicitud de medidas de protección y derivó el caso a la Oficina Local de la Niñez, lo que evidenciaría la falta de protocolos del establecimiento.
Aduce que, la decisión del recurrido, carece de justificación y es ilegal, desde que no sólo no consideraron que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y enfrenta una compleja situación familiar debido a la enfermedad terminal de su abuela paterna, sino que además desde hace nueve años ha sido objeto de una persecución sistemática por parte de docentes y directivos con el objetivo de condicionar su permanencia y finalmente excluirlo, pues previamente había sido cambiado de curso de manera irregular, de modo que el establecimiento no ha cumplido con la normativa educacional.
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