El Tribunal Federal del Circuito y de Familia de Australia solicitó a la Oficina del Comisionado de Servicios Legales de Nueva Gales del Sur (OLSC por sus siglas en inglés), determinar si un abogado hizo un uso indebido de la inteligencia artificial, en el marco de un juicio seguido ante ese Tribunal. Dicha investigación se origina a causa de la inclusión en las presentaciones del letrado de referencias y citas judiciales que no pudieron ser verificadas.
Según los hechos narrados, tras la identificación de las inconsistencias por parte de la contraparte, el abogado intentó subsanar la situación mediante la presentación de “argumentos actualizados”. Sin embargo, la jueza determinó que la situación ya había generado consecuencias negativas, aduciendo que el tribunal y su equipo habían dedicado recursos a la verificación de las referencias citadas. Por ello, decidió que era necesario enmendar el litigio para permitir la presentación de documentos corregidos.
En virtud de estos antecedentes, el tribunal requirió al abogado, quien cuenta con casi tres décadas de ejercicio profesional, la presentación de una declaración jurada con una explicación detallada de los hechos y las razones por las cuales la sentencia no debería ser remitida al Comisionado de Servicios Legales. En su declaración, el abogado manifestó que, debido a limitaciones de tiempo y problemas de salud, recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para generar un resumen de casos jurídicos, el cual incorporó en sus escritos sin verificar su exactitud.
Asimismo, una vez señalados los errores en las citas y referencias, el abogado remitió correspondencia a un asociado del tribunal sin incluir a la contraparte ni solicitar autorización previa. En su respuesta ante el tribunal, adujo que su falta de cuidado no tuvo la intención de violar el debido proceso y expresó su arrepentimiento por la omisión.
La jueza concluyó que no existía evidencia de dolo por parte del abogado de excluir a la otra parte del proceso comunicativo con el tribunal. No obstante, se consideró que, dado el creciente uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, existía un interés público en que el organismo regulador tomara conocimiento del caso. En tal sentido, ordenó la remisión del asunto a la OLSC para su evaluación.
“Su Señoría se refirió a los deberes de los profesionales del derecho y consideró que el abogado en ese caso había incumplido los estándares profesionales que se esperaban de ellos. Su Señoría aceptó que la disculpa del abogado era genuina y que era poco probable que se repitiera la conducta, pero, no obstante, consideró que era de interés público que la autoridad reguladora pertinente (la Junta y Comisionado de Servicios Jurídicos) fuera informada de la conducta profesional”, señala la jueza.