Diario Constitucional

Corte Suprema confirma fallo

Corte de suministro de agua potable es ilegal y arbitrario, ya que la Ley N°21.442 no lo contempla.

No es posible por parte del administrador la suspensión del servicio de agua potable, toda vez que la normativa sólo hace referencia a la suspensión del servicio de energía eléctrica, no así el del agua potable.

Por Redacción·22 de marzo de 2025·3 min de lectura
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Referencial

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la administración de un condominio, por el corte de los suministros básicos de agua potable y de energía eléctrica del domicilio de la recurrente.

La actora denunció el corte del suministro de agua potable y energía eléctrica de su domicilio, alegando una deuda de gastos comunes que fue pagada ese mismo día. A pesar de ello, el recurrido se niega a restablecer los servicios, exigiendo además el pago de un gasto común aún no devengado. Sostuvo que este actuar es ilegal, pues la normativa de copropiedad solo permite la suspensión del suministro eléctrico y obliga a su reposición tras el pago, y arbitrario, al condicionar la restitución a un cobro anticipado. Afirmó que la medida es desproporcionada e injusta, ya que afecta la higiene y bienestar de su familia, incluyendo a dos niños. Alegó vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que el recurrido se atribuye facultades que no le corresponden. Solicitó que se restablezca el suministro.

La Corte de La Serena acogió la acción cautelar, al considerar que la suspensión de los suministros de agua potable y electricidad es ilegal y arbitraria. Señaló que la Ley N° 21.442 solo permite la suspensión del servicio eléctrico en casos de morosidad en el pago de tres o más cuotas de gastos comunes, previa autorización del comité de administración, lo que no se acreditó en el caso concreto. Además, que la normativa no contempla la suspensión del suministro de agua potable por parte del administrador. Constató que la deuda de la recurrente había sido saldada y que la suspensión de los servicios se mantuvo pese a ello, configurando una actuación desproporcionada y carente de fundamento.

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