La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó un informe en el que documenta hechos relacionados con la situación de los derechos de la infancia en el contexto de la guerra en Ucrania y la ocupación de territorios por parte de Rusia.
De acuerdo con la información recopilada por la ACNUDH, entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, se registraron 669 muertes de menores y 1.883 casos de niños heridos. Según el informe, el 89 % de estas víctimas se atribuye al uso de armas explosivas en áreas pobladas, el 6 % a la presencia de restos explosivos y minas, y el 5% a otros incidentes vinculados al conflicto. La ACNUDH señala que estas cifras podrían ser superiores, dado que no se ha logrado verificar la totalidad de los casos en zonas bajo control de las fuerzas rusas.
El documento expone que la utilización de armamento con efectos de amplio alcance ha tenido consecuencias sobre la infraestructura civil, incluyendo centros educativos y sanitarios, lo que ha afectado el acceso de la población infantil a servicios esenciales. Asimismo, desde el inicio del conflicto, se reporta que minas y artefactos explosivos han provocado la muerte de 30 menores y lesionado a 120 más, con una mayor incidencia en la población infantil masculina. Según estimaciones, aproximadamente 139.000 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano estarían contaminados con estos artefactos, generando riesgos prolongados para la seguridad de los niños.
El informe también señala que, en las regiones bajo control ruso, se han adoptado medidas administrativas relacionadas con la ciudadanía, la estructura educativa y la aplicación de un currículo basado en el sistema estatal ruso. Estas acciones han tenido impacto sobre el acceso a la educación en idioma ucraniano y en la preservación de elementos culturales distintos al sistema implantado en dichas áreas.
Desde un punto de vista normativo, la ACNUDH indica que estos antecedentes deben analizarse en el marco del derecho internacional humanitario y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En particular, se hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada tanto por Ucrania como por Rusia, que establece la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la vida y la protección de los menores en contextos de conflicto.
En relación con el principio de distinción, el informe recuerda que las partes en un conflicto armado deben diferenciar entre objetivos militares y bienes de carácter civil, no pudiendo dirigir ataques contra la población civil. En esta línea, se señala que escuelas e instalaciones médicas cuentan con una protección especial conforme al derecho internacional humanitario. Adicionalmente, el artículo 77 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra establece que los menores deben recibir la atención necesaria en situaciones de conflicto.
Por otra parte, el informe menciona que la transferencia forzosa de niños a Rusia podría constituir una infracción del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el traslado forzoso de población en territorios ocupados. En este sentido, se señala que tales prácticas podrían ser consideradas crímenes de guerra conforme a la normativa internacional vigente.
Finalmente, la ACNUDH recomienda a Rusia la suspensión de operaciones militares contra bienes y civiles, así como el respeto de los derechos de la infancia en los territorios bajo su control. Asimismo, insta a la comunidad internacional a desarrollar mecanismos de asistencia financiera y técnica con el objetivo de implementar programas de apoyo dirigidos a menores en situación de vulnerabilidad dentro del territorio ucraniano.
“En las cuatro regiones de Ucrania que fueron anexadas ilegalmente por la Federación Rusa en 2022, los niños se han visto particularmente afectados por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos (IHRL, por sus siglas en inglés) y del derecho internacional humanitario (IHL, por sus siglas en inglés), incluidas ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, violencia sexual relacionada con el conflicto, tortura y malos tratos. Algunos niños fueron deportados o trasladados forzosamente dentro del territorio ocupado, particularmente en los meses posteriores a la invasión a gran escala. Sin acceso a la Federación Rusa o al territorio ocupado de Ucrania, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) no ha podido evaluar completamente la magnitud de estos traslados y deportaciones; sin embargo, ha podido verificar que al menos 200 niños se han visto afectados por estas medidas”, señala el texto.