Opinión.
Arquitectura legal en tensión: el nuevo Ministerio de Seguridad y sus retos, por Daniel Soto Muñoz.
Un aspecto que merece especial atención en la Ley N° 21.730 es la preservación de facultades para los Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales (regulados en la Ley N° 19.175), particularmente la potestad de "requerir el auxilio de la fuerza pública" que estos funcionarios conservan y pueden ejercer sea a través de los Secretarios Regionales Ministeriales o los Directores Provinciales de Seguridad Pública.
Introducción: Una reforma esperada pero incompleta
La reciente promulgación de la Ley N° 21.730 de enero de 2025, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, representa una transformación significativa en la organización administrativa del Estado chileno. Esta modificación institucional responde a un largo debate sobre la necesidad de especializar la conducción política de la seguridad, diferenciándola de las funciones tradicionales del Ministerio del Interior y estableciendo mecanismos específicos para la gestión de las instituciones policiales.
El presente análisis examina, desde una perspectiva jurídico-administrativa, ciertos aspectos que merecen atención en el diseño normativo adoptado, particularmente en lo referente a la distribución de competencias y los mecanismos de control.
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