Daniel Soto Muñoz

El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza fija en la ley decisiones tácticas propias de un reglamento y deja fuera a instituciones que emplean la fuerza a diario. Un estándar técnico común puede reducir ambos riesgos mientras el Congreso corrige lo pendiente.

A propósito del fallecimiento de Marjane Satrapi, la columna reflexiona sobre el vínculo entre libertad de expresión, censura y prevención de la tortura, destacando cómo Persépolis transformó la memoria de la represión iraní en un relato universal sobre la dignidad humana y el valor de contar aquello que los regímenes buscan silenciar.

Una interpretación que articula música, derecho y teoría política permite apreciar que Don Giovanni no solo representa el destino moral de un libertino, sino que ilumina un problema central de toda comunidad política: qué ocurre cuando actores relevantes, como hoy sucede en contextos de polarización, dejan de reconocer la legitimidad del marco institucional que hace posible la convivencia democrática. La ópera muestra, con notable precisión dramatúrgica, el punto en que la autoridad ya no persuade sino que debe ejercer su representación en nombre de todos, revelando cómo la negación radical, d

La prohibición absoluta de tortura no genera automáticamente un derecho a penas alternativas, sino una obligación estatal de garantizar condiciones dignas de reclusión. Solo cuando esta obligación primaria resulta insuficiente surge la obligación subsidiaria de considerar modalidades alternativas de cumplimiento.

Un proyecto legislativo cuyas limitaciones estructurales sugieren la necesidad de comenzar desde cero con criterios jurídicos rigurosos.

Frente a los intentos de justificar el uso irrestricto de la fuerza por parte del Estado, este artículo refuta la tesis de que bastan normas del Código de Justicia Militar para regular la función policial. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, se argumenta que una legislación clara, específica y vinculante no solo protege a la ciudadanía, sino que fortalece la legitimidad y eficacia de las instituciones encargadas del orden público.