Un grupo compuesto por 67 abogados pertenecientes a destacadas corporaciones estadounidenses, entre ellas Microsoft, Eli Lilly e Intel, presentó un escrito amicus curiae en el procedimiento judicial  que enfrenta al bufetePerkins Coie LLP contra el Gobierno federal de  Estados Unidos. El escrito tiene por objeto ofrecer argumentos sobre los efectos legales y empresariales derivados de la aplicación de la Orden Ejecutiva n.º 14.230, emitida por el presidente Donald Trump en marzo de 2025.
Según consta en el documento, los firmantes no se consideran como parte del litigio, ya que comparecieron como terceros interesados, con el fin de aportar elementos jurÃdicos respecto al posible impacto generalizado de dicha orden sobre la actividad contractual y de representación legal en el ámbito empresarial. En particular, el escrito analiza cómo determinadas disposiciones de la orden podrÃan influir en las decisiones de las entidades privadas en su relación con los órganos del poder ejecutivo.
La Orden Ejecutiva en cuestión establece la suspensión del acceso de los miembros de Perkins Coie LLP a instalaciones federales y funcionarios públicos, al tiempo que contempla la eventual cancelación de contratos federales vigentes con dicha firma. Como justificación, el texto presidencial hace referencia a polÃticas internas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) implementadas por el bufete, asà como a actuaciones jurÃdicas pasadas, incluidas aquellas vinculadas a la representación de la exvicepresidenta Hillary Clinton en el año 2016.
El escrito amicus curiae sostiene que la ejecución de dicha orden podrÃa generar efectos sobre el ejercicio del derecho a la libre representación jurÃdica por parte de las empresas privadas, especialmente en relación con la elección de sus asesores legales. Asimismo, se subraya el posible uso de contratos públicos como instrumento para influir en decisiones internas de dichas entidades.
De forma adicional, el 8 de abril, el Fondo de Defensa Legal de la NAACP presentó otro escrito de apoyo a la posición de Perkins Coie LLP, señalando, desde una perspectiva jurÃdica, que la Orden Ejecutiva podrÃa plantear cuestiones constitucionales relacionadas con la separación de poderes y el principio de legalidad.