Un tribunal federal del distrito de Columbia (Estados Unidos) concedió una moción que impone una orden de restricción temporal sobre una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, la cual afectaba al bufete de abogados Susman Godfrey LLP. Así, la decisión suspende provisionalmente la aplicación de dicha orden, que buscaba limitar la capacidad de la firma para celebrar contratos con el gobierno federal.
El fallo se dictó tras la presentación, por parte del bufete, de una solicitud formal para detener la ejecución de la orden. En dicha moción, de aproximadamente 160 páginas, Susman Godfrey alegó que la orden ejecutiva contravenía derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, incluyendo la libertad de expresión, el derecho de petición ante los tribunales y la libertad de asociación profesional.
En su dictamen, la magistrada adujo que la orden ejecutiva plantea preocupaciones relevantes en relación con la separación de poderes y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo. Asimismo, hizo referencia al marco constitucional que protege la actuación de los abogados en el ejercicio legítimo de su profesión, especialmente cuando se encuentran representando a clientes en procedimientos judiciales.
La orden ejecutiva impugnada fue dictada la semana anterior y forma parte de una serie de acciones similares adoptadas por la administración Trump, dirigidas contra diversos bufetes de abogados, incluyendo a Perkins Coie, WilmerHale y Jenner & Block. En general, estas órdenes han tenido como objetivo restringir las relaciones contractuales de dichas firmas con entidades gubernamentales federales.
En lo que respecta a Susman Godfrey, el gobierno federal alegó que la firma ha desempeñado un papel activo en litigios considerados por el Ejecutivo como una utilización estratégica del sistema judicial. La orden presidencial cuestionaba, entre otros aspectos, el impacto de estas actuaciones sobre el sistema electoral.
Cabe señalar que Susman Godfrey fue el estudio jurídico que representó a Dominion Voting Systems en un procedimiento por difamación interpuesto contra la cadena Fox News en 2021. Este litigio finalizó con un acuerdo económico por un monto de 787,5 millones de dólares, sin que se adoptara una resolución judicial sobre el fondo del asunto.
Finalmente, se menciona que en meses anteriores, el gobierno habría ejercido presión sobre el bufete Paul Weiss para modificar sus políticas internas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión. Como resultado de dichas gestiones, se dejó sin efecto una orden similar a la que fue posteriormente dirigida contra Susman Godfrey.