La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 17/25 sobre el Caso 12.704, en el que se declara la responsabilidad del Estado argentino por violar los derechos de Ramón Nicolás Guarino, asunto pone de manifiesto graves fallas en el sistema judicial argentino y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El caso se remonta a 1995 en que Guarino es condenado a 4 años y 6 meses de prisión. En 1996 se considera cumplida la pena debido a su prisión preventiva desde 1993. Sin embargo, en 1996 es condenado nuevamente. Al año siguiente, un tribunal unifica ambas penas, imponiendo una condena única de 7 años y 6 meses.

El problema principal radica en que esta unificación incluyó una condena que ya había sido cumplida. Según el informe de la CIDH: «Esta decisión se tomó sin considerar un oficio emitido por el propio juzgado que acreditaba el cumplimiento de una de las penas, lo que generó una situación de privación de libertad arbitraria, contraria a los estándares del sistema interamericano.»

La CIDH observó que Guarino interpuso múltiples recursos para impugnar la unificación de sentencias y cuestionar la legalidad de su detención. Sin embargo: «las autoridades judiciales rechazaron sus solicitudes por motivos formales, sin analizar el fondo de sus planteamientos» y «no justificaron adecuadamente sus decisiones, ni respondieron a argumentos clave, como el documento que acreditaba el cumplimiento de una de las penas.»

En base a ello determinó que la privación de libertad de Guarino se tornó arbitraria debido a «la omisión de las autoridades judiciales de adoptar decisiones fundadas y coherentes con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.»

Esta situación llevó a la CIDH a concluir que el Estado argentino violó los derechos de Guarino y a recomendar una reparación integral de las violaciones declaradas. En concreto, declara que violó los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y libertad personal del afectado.

La CIDH recomienda al Estado argentino reparar integralmente las violaciones declaradas, incluyendo compensaciones materiales e inmateriales. Aunque Argentina ha tomado medidas para cumplir con las recomendaciones, aún queda pendiente el pago de la indemnización establecida por laudo arbitral.

Vea Informe de CIDH Nº17/25, Caso 12.704.