Con ocasión del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la violencia sistemática basada en género que enfrentan las lesbianas en América Latina y el Caribe, violencia que frecuentemente busca controlar o suprimir orientaciones sexuales y expresiones de género no normativas, poniendo en riesgo su vida e integridad personal.
La CIDH recordó que, según su informe Violencia contra las personas LGBTI (2015), las mujeres lesbianas están expuestas a un continuo de violencia derivado del sexismo estructural y de prejuicios sociales profundamente arraigados. A pesar del subregistro que limita el acceso a datos confiables, investigaciones científicas en países de la región muestran que hasta el 65% de las mujeres lesbianas encuestadas han sufrido violencia, muchas veces desde edades tempranas y en el entorno familiar.
De particular gravedad resultan las prácticas destinadas a modificar o «corregir» la orientación sexual de las lesbianas, tales como internamientos forzosos, medicalización no consentida, imposición de roles de género, terapias de aversión, y la denominada «violación correctiva». Estas acciones constituyen violaciones graves del derecho a la integridad personal y pueden calificarse como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, según lo señalado también por el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género.
Diversas asociaciones médicas internacionales —incluidas la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Asociación de Psicología (APA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)— han reiterado que no existe evidencia científica que justifique tales intervenciones, y han advertido sobre sus consecuencias negativas, como depresión, ansiedad, culpa e incluso daños físicos.
A la luz de la Convención de Belém do Pará y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recordó que los Estados tienen una obligación vinculante de prevenir, investigar, sancionar y reparar toda forma de violencia contra las mujeres, incluidas las lesbianas. En tal sentido, instó a implementar reformas legales, servicios especializados para sobrevivientes, y estrategias para desmontar patrones culturales discriminatorios, a fin de garantizar la igualdad, dignidad y justicia para todas las mujeres, en toda su diversidad.
Asimismo, la Comisión subrayó la necesidad urgente de recopilar datos desagregados por género y orientación sexual, herramienta esencial para diseñar respuestas efectivas que permitan proteger integralmente los derechos de las lesbianas. Finalmente, reafirmó su compromiso de acompañar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la promoción de políticas que aseguren la libertad y la integridad de todas las lesbianas en su diversidad.