Declaración de caducidad de permiso de subdivisión predial es ilegal, al no considerar suspensión de plazos por Covid-19.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una reclamación judicial interpuesta en contra de la Directora de Obras Municipales de la Municipalidad de Peñalolén, que declaró la caducidad de una Resolución de Aprobación de División Predial con Afectación a Utilidad Pública.

El reclamante argumentó que la resolución es ilegal por basarse en un análisis erróneo de la normativa aplicable, ya que no existía un permiso de obras de urbanización que pudiera caducar, y la caducidad se declaró pese a la suspensión de plazos debido a la alerta sanitaria. Además, cuestionó la aplicación incorrecta de los plazos de caducidad establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, señalando que las instrucciones regulatorias suspendieron estos plazos debido a la pandemia, lo que no fue considerado correctamente. Sostuvo que la resolución es contraria al principio de buena fe y probidad administrativa, y que afecta su derecho de propiedad, impidiendo la ejecución de un proyecto inmobiliario.

El municipio instó por el rechazo de la reclamación, señalando que mediante la Resolución de aprobación de división predial con afectación a utilidad pública Nº 1523, de 2017, se autorizó la subdivisión de una parcela, generando nuevos lotes y la obligación de ejecutar obras de urbanización asociadas.