Un tribunal federal de distrito de Estados Unidos dejó sin efecto, de manera permanente, una orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump, dirigida específicamente contra la firma de abogados Jenner & Block LLP. En la decisión se consideró que dicha orden contravenía disposiciones constitucionales, particularmente las relacionadas con la protección de la libertad de expresión establecida en la Primera Enmienda.
El tribunal sostuvo que la orden ejecutiva colocaba al bufete en una situación en la que debía alterar la naturaleza de sus actividades legales y comunicacionales o, en su defecto, enfrentar consecuencias económicas significativas. El juez determinó que los efectos de la medida eran irreparables y que afectaban de manera sustancial la capacidad operativa de la firma, lo cual justificaba la emisión de una orden judicial de carácter permanente.
También consideró el impacto económico directo de la medida, señalando que una parte considerable de los ingresos de Jenner & Block, aproximadamente el 40 %, proviene de servicios prestados a entidades contratistas del gobierno federal. En ese contexto, la existencia de una orden ejecutiva que impusiera restricciones o cuestionamientos sobre la firma podría desincentivar la contratación por parte de dichas entidades, generando así una afectación económica adicional.
La resolución destacó que la orden ejecutiva contenía referencias explícitas al tipo de representación legal desarrollada por la firma, así como a su participación en causas determinadas. En particular, la Sección 1 de la orden hacía mención a las actividades pro bono de Jenner & Block, así como a su implicancia en litigios percibidos por el gobierno federal como de carácter ideológico o político.
Entre las disposiciones agraviantes de la orden ejecutiva se incluían la suspensión de autorizaciones de seguridad para el personal de la firma, la limitación del acceso a instalaciones federales y la imposición de obligaciones adicionales para contratistas del gobierno en cuanto a la divulgación de relaciones comerciales con Jenner & Block. Asimismo, se advertía sobre posibles sanciones a aquellas empresas que continuaran manteniendo vínculos contractuales con el bufete.
La decisión judicial se enmarca en una serie de litigios promovidos por diversos estudios jurídicos frente a órdenes ejecutivas similares, todas ellas orientadas a regular la interacción entre el gobierno federal y determinados actores del sector legal. En esos casos, los tribunales federales han intervenido para ponderar la compatibilidad de dichas medidas con las garantías constitucionales, en especial en lo relativo a la libertad de expresión y a los principios de neutralidad del gobierno frente a las opiniones de terceros.