El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, formalizaron un acuerdo de colaboración destinado a la creación de un tribunal especial competente para juzgar el crimen de agresión en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. El referido acuerdo cuenta con el respaldo político y jurídico de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa.
El tribunal proyectado tendrá competencia para conocer de presuntos actos de agresión estatal, definidos conforme al Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Asimismo, se prevé la posibilidad de que su jurisdicción se extienda a personas vinculadas con Estados o entidades aliadas a la Federación Rusa.
El Consejo de Europa ha declarado que el tribunal se regirá por los principios fundamentales del Derecho Internacional, tales como el Estado de derecho, el derecho al debido proceso y la independencia judicial. Además, se integrará en el marco jurídico general del Consejo, con observancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo, la no aplicación retroactiva de sanciones penales y el acceso a un tribunal imparcial.
A pesar de la existencia del Estatuto de Roma, que rige la actuación de la Corte Penal Internacional y que incorpora desde 2010 el crimen de agresión, la CPI tiene limitaciones jurisdiccionales en este ámbito, particularmente cuando los Estados implicados no han ratificado las enmiendas pertinentes. En este contexto, el nuevo tribunal busca actuar de manera complementaria, proporcionando un instrumento específico para la atribución de responsabilidad penal individual por decisiones de iniciar conflictos armados en contravención del Derecho Internacional.
Entre los desafíos que enfrenta la implementación de este tribunal destaca la ejecución de órdenes de arresto, especialmente respecto de personas con cargos de alta representación estatal. En este sentido, sigue vigente una orden de detención emitida por la CPI en 2023 contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuya ejecución no ha sido posible hasta la fecha.
Finalmente, el tribunal colaborará con las autoridades ucranianas en la recopilación y sistematización de pruebas relativas a los daños ocasionados por el conflicto, con vistas a posibles mecanismos de reparación internacional.