La Corte de Santiago rechazó la reclamación judicial interpuesta por una ciudadana colombiana en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión del territorio nacional.
La reclamante solicitó que se le conceda un plazo para regularizar su situación migratoria, reconociendo que se encuentra en situación irregular, pero atribuyéndolo a la falta de información y afirmando que siempre tuvo la intención de cumplir con la normativa vigente. Explicó que fue condenada por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, pero actualmente es madre de un lactante de dos meses, convive con su hijo chileno y su pareja en Santiago, y se desempeña laboralmente mediante la venta de ropa en línea. Sostuvo que la medida de expulsión vulnera los principios de reunificación familiar y de proporcionalidad, considerando que su conducta en el país ha sido adecuada y que no registra antecedentes penales en su país de origen.
El Servicio solicitó el rechazo del reclamo, sosteniendo que la expulsión fue dictada conforme a las facultades legales, por una autoridad competente, y con base en causales expresamente previstas en la ley. Indicó que la recurrente fue notificada del procedimiento sancionatorio, pero no presentó descargos, y que su expulsión fue dispuesta por mantener una situación migratoria irregular y haber sido condenada por tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades. Además, se le prohibió el ingreso al país por 25 años. El Servicio argumentó que la medida está debidamente motivada y responde a un incumplimiento grave del ordenamiento jurídico nacional, lo cual justifica la expulsión pese a la invocación de vínculos familiares.
La Corte de Santiago desestimó la reclamación, al considerar que la resolución de expulsión dictada por la autoridad migratoria se ajusta a derecho, por cuanto fue emitida de forma fundada y con base en normas expresas de la Ley N° 21.325.
Indicó que la reclamante fue condenada por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo que configura una causal legal de expulsión conforme a los artículos 127 y 32 de dicha ley.
Asimismo, rechazó la alegación relativa al arraigo familiar, al estimar que los vínculos afectivos y personales que la extranjera haya desarrollado en el país no constituyen una razón suficiente para impedir el ejercicio legítimo de las potestades administrativas que buscan proteger un bien jurídico colectivo.
En tal sentido indica que, “(…) en cuanto a la alegación vinculada al arraigo familiar, esta Corte es de parecer que los lazos y apego que la reclamante haya podido desarrollar en el país, carecen de la entidad suficiente como para constituir un impedimento o excepción para el ejercicio por parte de la autoridad pública de sus potestades legales, en tanto el arraigo que pueda tener el reclamante no puede constituir una excusa para soslayar normas específicas dispuestas en el ordenamiento jurídico en aras de la protección de un bien jurídico colectivo, de lo cual se hace cargo expresamente la resolución de expulsión, cumpliendo de este modo suficientemente”.
En contra de lo resuelto se dedujo recurso de apelación ante la Corte Suprema.
Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°268/2025 (Contencioso administrativo).