La Corte Suprema del Estado de Wisconsin (Estados Unidos) resolvió, por mayoría de 4 a 3, que la ley de 1849 que penalizaba el aborto en casi todos sus supuestos resulta inaplicable en virtud de una derogación tácita causada por una normativa posterior. La decisión establece que la legislación promulgada en los últimos cincuenta años constituye una regulación integral del aborto que sustituye efectivamente el contenido de la ley del siglo XIX.
La opinión mayoritaria establece que la normativa contemporánea cubre “prácticamente todos los aspectos del aborto”, incluyendo disposiciones sobre su práctica, condiciones, profesionales autorizados y lugares habilitados, lo cual evidencia la intención del legislador de sustituir el régimen anterior.
La ley de 1849 disponía penas de hasta seis años de prisión para quienes realizaran abortos en general y hasta quince años en casos que involucraran a un “niño quick” —término en desuso para referirse a un feto con movimientos perceptibles por la gestante—. Sin embargo, según la Corte, tales disposiciones fueron reemplazadas de facto por la legislación moderna, lo que justifica su anulación normativo.
El fundamento legal de la resolución se basó en la doctrina de la derogación implícita, aplicada en este caso bajo una de sus excepciones reconocidas por la jurisprudencia de Wisconsin: cuando una legislación integral regula completamente la materia abordada por una ley anterior. En este contexto, el tribunal concluyó que esa condición se cumple.
La resolución confirma el fallo emitido por un tribunal de instancia en un proceso iniciado en 2022 por el fiscal general del Estado. La acción judicial fue promovida tras la revocación del precedente federal Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, que devolvió a los Estados la competencia para legislar sobre el aborto.
La magistrada Annette Kingsland Ziegler, en voto disidente, expresó su oposición al uso de la derogación implícita como mecanismo para invalidar la norma de 1849. A su juicio, corresponde a la legislatura estatal resolver el conflicto legal mediante una actuación explícita y deliberativa, incluso en contextos de inacción política.