Recurso de protección acogido
Se ordena reintegro de funcionario desvinculado sin sumario previo, fundado en querellas penales en trámite
El máximo Tribunal confirmó que el término anticipado de una contrata anual resulta ilegal cuando afecta a un funcionario con más de cinco años de servicios continuos, protegido por el principio de confianza legítima. Agregó que la Administración sólo puede poner fin al vínculo mediante sumario o calificación, pues lo contrario vulnera el debido proceso y el derecho a una investigación racional y justa.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que acogió el recurso de protección interpuesto por un ex funcionario a contrata de la Dirección de Vialidad por el término anticipado de su designación.
El recurrente denunció que la recurrida puso término anticipado a su contrata, fundado en supuestas infracciones al principio de probidad administrativa, sin mediar un procedimiento sumarial previo. Alegó que dicha actuación vulnera sus derechos fundamentales.
Por su parte, la Dirección de Vialidad argumentó que el término anticipado se basó en la existencia de querellas criminales por fraude al fisco interpuestas contra el funcionario, lo que afectaba la percepción pública de probidad del servicio. Añadió que la medida fue adoptada mediante acto administrativo dictado por autoridad competente y debidamente fundado, conforme a la jurisprudencia administrativa que permite poner término anticipado a contratas cuando existen razones justificadas. Sostuvo que no se vulneraron derechos constitucionales ni el principio de confianza legítima, ya que no se trató de una medida disciplinaria expulsiva sujeta a restricciones por periodo electoral, sino de una decisión fundada en la pérdida de confianza institucional derivada de antecedentes objetivos de relevancia penal.
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