Tema
Empleo municipal
La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por un funcionario en contra de la Municipalidad de Puerto Montt, que decidió poner término anticipado a una contrata, y dejó sin efecto la medida por estimar que el acto administrativo carecía de una fundamentación suficiente que…
30 de septiembre de 2026
Recurso de protección acogido
acogió parcialmente el recurso de protección, anuló el Ordinario N° 1047 y el Decreto Alcaldicio N° 652 únicamente en cuanto dispusieron el término anticipado de la contrata, ordenando a la Municipalidad de Quinta Normal pagar las remuneraciones devengadas entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025. No obstante, precisó que dichos actos expresaban válidamente la voluntad municipal de no renovar la contrata para el año 2026.
19 de junio de 2026
Despido sin sumario
El tribunal concluyó que el término anticipado de la contrata se fundó en supuestos incumplimientos funcionales que debían investigarse mediante sumario administrativo, por lo que ordenó al Registro Civil pagar las remuneraciones adeudadas hasta el fin de la vigencia contractual del funcionario.
21 de mayo de 2026
Acción protección acogida
Reafirma que las universidades estatales no pueden interrumpir anticipadamente vínculos a contrata invocando razones genéricas de reorganización institucional, sin explicar de manera concreta cómo estas afectan al funcionario involucrado, en resguardo del principio de igualdad ante la ley y del deber de fundamentación administrativa.
02 de febrero de 2026
Recurso de protección acogido
La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Arica que ordenó la reincorporación de un profesor municipal cuyo contrato fue terminado anticipadamente. El tribunal concluyó que el cargo no era de exclusiva confianza ni directivo, por lo que la desvinculación careció de motivación suficiente y vulneró sus derechos.
08 de diciembre de 2025
Falta de motivación
El máximo Tribunal concluyó que la resolución carecía de una justificación real sobre la supuesta falta de necesidad de los servicios, infringiendo las exigencias de motivación de la Ley N°19.880, por lo que ordenó restituir a la funcionaria las remuneraciones que dejó de percibir hasta el término natural de su contrata.
29 de noviembre de 2025
Acción protección acogida con voto
Ratificó la decisión de la Corte de La Serena al estimar que el término anticipado de contratas por la supuesta “supresión del empleo” careció de fundamento suficiente, vulneró la igualdad ante la ley y desconoció la expectativa legítima generada por renovaciones sucesivas, ordenando restablecer el vínculo laboral y el pago de remuneraciones.
23 de noviembre de 2025
Recurso de protección
El máximo Tribunal confirmó que la terminación anticipada de la contrata de una funcionaria del Gobierno Regional del Biobío fue ilegal y discriminatoria, al afectar su derecho a la igualdad ante la ley. La resolución obliga a reincorporarla hasta el 31 de diciembre de 2025 y a pagar todas las remuneraciones dejadas de percibir desde el cese anticipado.
21 de octubre de 2025
Recurso de protección acogido
El máximo Tribunal estableció que la finalización anticipada del contrato se basó en hechos no acreditados ni contemplados por la normativa vigente, dado que el cargo de la actora no era de exclusiva confianza de la autoridad. La medida vulneró la igualdad ante la ley y el principio de confianza legítima de la trabajadora, quien fue reincorporada con pago de todas las remuneraciones adeudadas.
01 de octubre de 2025
Recurso de protección acogido
El Tribunal concluyó que, tras 35 años de servicio continuo, el trabajador adquirió la confianza legítima de que su contrata sería renovada, y que la Administración no acreditó causas suficientes para ponerle término.
28 de agosto de 2025
Recurso de protección acogido
El máximo Tribunal señaló que la revocación de un decreto alcaldicio que prorrogaba la contrata de una funcionaria solo puede realizarse mediante un procedimiento de invalidación que respete el debido proceso, lo que incluye otorgar audiencia a la afectada. Agregó que los actos administrativos que generan efectos favorables para los destinatarios solo pueden ser dejados sin efecto por razones de ilegalidad y no por motivos de mera conveniencia.
05 de agosto de 2025
Recurso de protección acogido
El máximo Tribunal confirmó que el término anticipado de una contrata anual resulta ilegal cuando afecta a un funcionario con más de cinco años de servicios continuos, protegido por el principio de confianza legítima. Agregó que la Administración sólo puede poner fin al vínculo mediante sumario o calificación, pues lo contrario vulnera el debido proceso y el derecho a una investigación racional y justa.
03 de agosto de 2025
Término anticipado de contratas
El máximo tribunal acogió el recurso de protección interpuesto por tres trabajadores a contrata, tras determinar que el municipio actuó ilegalmente al dejar sin efecto la renovación de sus contratas para 2025, sin invocar causales válidas ni respetar el plazo de duración ya fijado por decreto. Se ordenó su reincorporación y el pago íntegro de sus remuneraciones
05 de julio de 2025
Recurso de protección acogido
Máximo tribunal ordenó la reincorporación de funcionaria municipal cuya contrata fue interrumpida anticipadamente por la Municipalidad de La Unión, pese a existir un acto previo que le aseguraba continuidad laboral durante todo el año 2025. La Corte consideró que la decisión fue arbitraria e ilegal por falta de fundamentación y vulneración de principios básicos del derecho administrativo
04 de julio de 2025
Corte de Santiago
La actora se encuentra protegida por la confianza legítima, lo que determina que solo es posible poner término a su contrata por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que lo permita
11 de junio de 2025
Corte Suprema
Al no haberse dispuesto el término de la contrata por alguno de los medios que correspondía, atendida la confianza legítima con que contaba el actor por sus casi 10 años de servicio en la institución en calidad a contrata, el acto deviene en ilegal y arbitrario
11 de junio de 2025
Corte rechaza acción de protección
No procede computar el tiempo anterior en que el recurrente estuvo ligado a la Municipalidad de Maipú mediante un contrato de prestación de servicios remunerado a través de honorarios, pues los criterios de la Contraloría y de la Corte Suprema, en su caso, se refieren al tiempo que ha estado el trabajador ligado a una institución pública bajo la modalidad de contrata, y no por una prestación de servicios a honorarios.
07 de febrero de 2025
Corte rechaza acción de protección
El ente edilicio fundó su actuar, pues el acto administrativo aludido contiene todos los razonamientos que llevó a la recurrida a terminar la contrata del actor señalándose que se funda en “necesidades del servicio que requieren una restructuración en el equipo de trabajo y la adaptación a nuevas demandas operativas que dicen relación con la realidad de la comuna, la crisis de seguridad que vive el país y la necesidad de contar con más personal en terreno con el fin de entregar mayor tranquilidad y seguridad a los vecinos de la comuna”.
03 de febrero de 2025
Corte Suprema confirma fallo
Tuvo en consideración que el recurrente mantuvo una vinculación ininterrumpida con la institución recurrida durante más de cinco años, lo que le otorga protección bajo el principio de confianza legítima, y que su despido no puede justificarse por los argumentos de cierre de una oficina, ya que ello vulnera su derecho a la igualdad ante la ley.
08 de enero de 2025
Recurso de protección acogido.
Al poner término a la contrata de manera anticipada sin un fundamento sólido que justifique la decisión, la autoridad actuó de forma arbitraria, configurando una discriminación injustificada hacia la recurrente, en comparación con otros funcionarios cuyas contratas fueron concluidas en base a actos administrativos debidamente fundamentados y respaldados por hechos verificables que demuestran que sus servicios ya no son necesarios.
04 de diciembre de 2024
Recurso de protección rechazado.
Resolvió que no es procedente la acción cautelar, ya que la autoridad administrativa actuó dentro de sus facultades legales al poner término anticipado al contrato de la actora. Además, desestimó el alegato sobre el fuero maternal y la confianza legítima, ya que la recurrente no poseía un derecho indubitado para permanecer en su cargo, sino una mera expectativa.
17 de noviembre de 2024
Recurso de protección acogido.
El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata en contra del municipio de Providencia, y ordenó el pago de las remuneraciones restantes al año que duraba la contrata. Pero no ordenó el reintegro de la actora al no existir legitima confianza, debido a que las renovaciones no excedían los 5 años de prestación de servicios.
20 de septiembre de 2023
Recurso de protección rechazado.
La recurrente no tiene un derecho, siquiera una mera expectativa, que haya sido vulnerado por el actuar de la recurrida, ni que deba ser cautelada por este órgano jurisdiccional.
11 de febrero de 2023
Recurso de protección rechazado.
En atención a la naturaleza de los cargos de exclusiva confianza, los funcionarios de tal calidad, se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción de la voluntad de la autoridad administrativa.
07 de febrero de 2023
Tutela Laboral acogida.
Existen indicios suficientes de discriminación en el término anticipado de la designación de contrata, por no estar debidamente fundado el acto administrativo que le puso término anticipado, y por haberse afectado el derecho a la opinión política del denunciante.
06 de febrero de 2023
Recurso de protección rechazado.
El empleo bajo modalidad de contrata tiene carácter transitorio al tenor del artículo 3° del Estatuto Administrativo y de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, por lo que la autoridad administrativa está facultada para poner término al vínculo antes de la fecha máxima de vigencia.
29 de enero de 2023
Recurso de protección rechazado.
El recurrente alegó haber sido contratado en calidad de “experto”, lo que descartaba la calificación de exclusiva confianza, dado que debe ser interpretado su puesto como un cargo estrictamente técnico.
21 de noviembre de 2022