Hacia un constitucionalismo digital, por Claudia Guardia y Juan Manuel Fascia

Los derechos digitales constituyen la extensión contemporánea de los derechos humanos en el entorno tecnológico. Son la adaptación de libertades y garantías clásicas —como la privacidad, la libertad de expresión, la educación o la seguridad— a un espacio que se ha vuelto decisivo en la vida de las personas. La irrupción de la sociedad digital transformó las interacciones humanas, las dinámicas económicas y las estructuras de poder, creando nuevas vulnerabilidades que exigen tutela constitucional reforzada. Reconocerlos en la Constitución de Santa Fe no es un gesto terminológico, sino una respuesta a la evolución de las necesidades ciudadanas en un mundo interconectado. Así, la alfabetización digital, la conectividad universal, la seguridad frente al cibercrimen, la protección de los neuroderechos, el derecho a la desconexión y el compromiso con un desarrollo ambientalmente sostenible se presentan como pilares de un constitucionalismo ético, inclusivo y sostenible, que asume la tecnología no solo como herramienta de progreso, sino también como un ámbito en el que deben preservarse la dignidad humana y los valores democráticos.

La reforma constitucional santafesina de 2025 ha marcado un hito en el derecho público argentino al reconocer de manera expresa los derechos digitales. Lejos de tratarse de una declaración simbólica, esta incorporación establece un nuevo bloque de derechos fundamentales que orienta la acción legislativa y judicial frente a los desafíos que plantea la revolución tecnológica. El impulso inicial provino del Instituto de Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Rosario, institución que elaboró propuestas recogidas por la Convención Constituyente y cristalizadas en los artículos 28, 29 y 30 del nuevo texto constitucional.

La norma incorpora nociones de alto valor innovador, como la alfabetización crítica, la protección de la autonomía mental y la prohibición de la manipulación tecnológica de pensamientos.