Opinión
Nuevo proyecto de Ley busca dar protección a derechos de personas mayores y con discapacidad y NNA y ampliar acceso a Mediación Familiar, por Isabel González Ramírez y Karen Quintanilla Ponce
El Colegio de Mediadores de Chile AG impulsa un importante proyecto de ley que busca proteger los derechos de personas mayores y con discapacidad, promoviendo el acceso a la justicia y la resolución no adversarial de conflictos familiares mediante mediación, fortaleciendo su bienestar, autonomía y vínculos familiares.

El Colegio de Mediadores de Chile AG ha participado en la elaboración del proyecto de ley del Boletín 17639-35 de la Cámara de Diputados, en respuesta a necesidades urgentes detectadas por mediadores familiares en su labor frente a conflictos que involucran derechos de personas mayores, con discapacidad, que actualmente no cuentan con protección idónea para su eficaz ejercicio, ni suficiente garantía de acceso a la justicia. Esta propuesta busca resguardar el derecho a que las personas mayores y con discapacidad, más allá de la supervivencia, accedan a un «bienestar digno”, que les permita vivir con salud, autonomía, seguridad, respeto y participación familiar y social.
Así, se agrega al Art. 19 de la Ley 19.968 un nuevo inciso final que establece que en los casos del Art. 331 del Código Civil, si el alimentario es persona mayor no valente o persona con discapacidad, el cuidador en cuyo hogar viva, por el solo ministerio de la ley, se entenderá legitimado para demandar, cobrar y percibir alimentos de quien corresponda, en interés del alimentario. Sin perjuicio del derecho del alimentario para actuar personalmente, en cualquier momento.
Lo anterior como forma de dar solución la situación urgente de desprotección de las personas mayores o con discapacidad que no puedan ejercer personalmente su derecho ni cuenten con representación legal, pues hoy no existe acción judicial que permita, en forma rápida y eficaz, solucionar el problema. Se ha debido recurrir en la práctica a una acción innominada que tribunales muchas veces rechaza o recurrir a denuncias de violencia intrafamiliar. Tampoco existe, en este caso, posibilidad de acordar la materia. Así, urge crear una fórmula eficaz que, aunque posible de revisar y modificar, permita proteger los derechos de estas personas, evitando la acción de interdicción, que según la Convención Interamericana de Protección de DDHH de personas mayores, es vulneratoria.




