En España
La prevaricación judicial: un atentado contra el Estado de Derecho
Delito cometido cuando un juez o magistrado dicta resoluciones injustas a sabiendas. Dolosamente cuando actua consciente de la injusticia, por imprudencia grave por falta de cuidado al dictar sentencias y por ignorancia inexcusable al carecer de conocimientos básicos. El bien jurídico que protege es el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Son sujetos activos los jueces y magistrados con potestad de dictar resoluciones jurisdiccionales.
La prevaricación judicial se considera un delito grave debido a la relevancia que tienen las decisiones de jueces y tribunales en la vida de los ciudadanos, por lo que su castigo resulta indispensable para garantizar la correcta marcha del Estado de Derecho.
Este delito se configura cuando un juez o magistrado dicta resoluciones injustas, contrarias a las normas jurídicas que regulan su actuación, socavando así la confianza de los ciudadanos en la rectitud e independencia del poder judicial.
Se trata de un delito especial que solo pueden cometer determinadas autoridades judiciales, y su existencia garantiza que las sentencias y resoluciones se dicten conforme a derecho, protegiendo los derechos a la tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías, recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española.
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