Inaplicabilidad rechazada por
Tribunal Constitucional respalda constitucionalidad del régimen de contratas en el sector público
La discusión sobre aplicación del principio de confianza legítima en materia de contratas es un conflicto de mera legalidad, no de constitucionalidad. No existe vulneración al principio de igualdad, a la libertad de trabajo ni al derecho de admisión a empleos públicos, ni contraviene el principio de carrera funcionaria. Los estándares internacionales invocados, si bien son un marco interpretativo válido, no eximen al requirente de demostrar la vulneración concreta de derechos fundamentales
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 10 inciso primero de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en el marco de un recurso de apelación contra una sentencia que acogió una acción de protección por no renovación de contrata.
El precepto legal que se impugnó establece:
«Artículo 10.- Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.(Art. 10, inciso primero, Ley 18.834).
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