Caza de brujas (A propósito de la Circular N° 3890/2025 de la Superintendencia de Seguridad Social – SUSESO), por Gabriel Parra

El pasado 5 de noviembre del año en curso, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) dictó la Circular N° 3890/2025[1], dirigida a las COMPIN e ISAPRES, por medio de la cual se instruye revisar “fuentes de información de libre acceso público, como redes sociales”, para verificar si un trabajador con licencia médica está efectivamente cumpliendo su reposo, ello, a reglón seguido del tan contingente evento mediático y contingente que se enero a partir del informe de Contraloría General de la República (Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9) que detectó más de 35 mil licencias médicas con presunto incumplimiento de reposo, incluyendo más de 25 mil casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras cursaban licencia médica.

A primera vista, la medida puede parecer razonable: en un contexto de crisis por licencias médicas fraudulentas[2], el control y la fiscalización son objetivos aparecen como legítimos, necesarios y sumamente pertinentes. Sin embargo, en el caso de la Circular en comento, pareciera ser que el medio elegido por la autoridad abre un serio debate sobre la juridicidad y proporcionalidad del control estatal en la era digital, especialmente cuando se afectan datos personales y sensibles.

La base legal deficiente

Más allá del loable fin de combatir el fraude previsional, la Circular de SUSESO se apoya en una base normativa débil. Un acto infralegal —como una circular— no puede, por sí solo, habilitar la intromisión del Estado en la esfera digital de las personas sin que exista norma legal expresa o consentimiento informado. En este sentido, la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada es clara en la exigencia de consentimiento del titular o una habilitación legal expresa para el tratamiento de datos personales, no obstante lo cual, la Circular en comento no parece cumplir ninguna de esas condiciones. En otras palabras, la SUSESO estaría construyendo una potestad de vigilancia sin ley que la respalde, lo que pugna directamente con los principios de juridicidad y legalidad del art. 6° y art. 7° de la Constitución Política de la República de Chile.

Finalidad y acceso público

El principio de finalidad implica que los datos personales solo pueden tratarse para los fines para los cuales fueron recabados o para fines compatibles, y bajo condiciones transparentes[3]. Cuando la COMPIN descarga una imagen desde una red social de un trabajador para incorporarla en un expediente administrativo, bien podría afirmarse que se está realizando un tratamiento de datos personales para un fin distinto y no consentido por el usuario a quien está vinculado la cuenta de dicha red social, en este caso, ya no para un fin de operatividad de dicha plataforma, sino para ejercer control y fiscalización del reposo médico mediante vigilancia digital.

La propia Política de Privacidad de Meta[4], deja en claro que los contenidos generados por los usuarios (publicaciones, comentarios, fotografías, videos o audios) permanecen bajo su titularidad, mientras que Meta solo obtiene una licencia limitada, no exclusiva y transferible para tratarlos dentro de sus plataformas y “proporcionar, personalizar y mejorar sus productos”, lo que incluye la personalización de funciones, contenidos y anuncios. Es decir, el consentimiento que el usuario otorga a Meta es estrictamente contractual y se circunscribe a los fines de operación de la plataforma, publicidad dirigida y seguridad del servicio. En ningún caso ese consentimiento puede interpretarse como una autorización general o tácita para que terceros —menos aún órganos estatales— descarguen, almacenen o analicen dicho contenido con propósitos sancionatorios o de fiscalización administrativa. En términos jurídicos, el usuario conserva la propiedad y el control sobre el uso de sus datos dentro de los límites establecidos por la plataforma, de modo que su reutilización por entes públicos constituye un tratamiento ajeno al consentimiento original y, por ende, carente de base legal conforme al principio de licitud del artículo 4° de la ley N° 19.628 y al principio de finalidad que regirá con mayor rigor bajo la ley N° 21.719

En contrapartida, la Circular de SUSESO alude al supuesto carácter “de libre acceso público” de información en redes sociales para justificar su tratamiento. Pero accesible no necesariamente significa disponible para cualquier fin. Las propias Políticas de Privacidad de plataformas como Meta (Facebook / Instagram) establecen que el usuario conserva la propiedad de su contenido y que el consentimiento otorgado a la plataforma está limitado a fines de funcionamiento o comerciales, no para que organismos públicos consulten libremente y con fines sancionatorios.

Si bien parte de la doctrina[5] ha sostenido que, conforme al artículo 4° y al artículo 2°, letra i), de la Ley N° 19.628, las redes sociales podrían ser consideradas “fuentes accesibles al público” —pues la información allí contenida no suele tener un acceso restringido o reservado—, ello no implica que su contenido pierda el carácter de dato personal ni que pueda ser tratado sin límites. En efecto, el tratamiento de datos personales obtenidos en internet es “viable” bajo la normativa vigente, pero únicamente en el marco de las excepciones expresamente contempladas por la ley y siempre que los datos tengan un carácter económico, financiero, bancario o comercial y aún así, las Políticas de Privacidad de Meta precisan que el usuario conserva la titularidad de su contenido (publicaciones, fotografías, videos, comentarios), otorgando a la empresa una licencia limitada y no exclusiva para fines estrictamente vinculados a la prestación y mejora de sus servicios. Dicho consentimiento es contractual y cerrado, destinado únicamente a la operación de la plataforma, a la seguridad de los productos y a la personalización de la experiencia del usuario. No puede interpretarse como una autorización genérica que habilite a terceros —ni siquiera organismos estatales— para extraer, almacenar o analizar esos contenidos con propósitos sancionatorios o de fiscalización administrativa.