Gabriel Parra

La anunciada revisión del Estatuto Administrativo abre una oportunidad para modernizar un régimen que arrastra problemas estructurales en materia de contratas, honorarios, carrera funcionaria, evaluación del desempeño y disciplina. El autor sostiene, sin embargo, que la reforma no puede reducirse a una lógica de ajuste fiscal: debe tener anclaje constitucional, considerar la jurisprudencia de Contraloría y tribunales, incorporar efectivamente a las asociaciones de funcionarios y abordar de manera integral las distintas tensiones que hoy presenta la Ley N°18.834.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago marca un giro en el control judicial de la potestad disciplinaria, al establecer que la proporcionalidad y la debida motivación son requisitos de validez del acto administrativo, ordenando la reincorporación de una docente destituida por una sanción considerada “abiertamente ilegal”.

La implementación de sistemas biométricos para el control de asistencia en el sector público, instruida por la Contraloría General de la República, podría entrar en tensión con los nuevos estándares de protección de datos personales establecidos por la Ley N° 21.719, que entrará en vigencia en 2026. El desafío será compatibilizar eficiencia administrativa con resguardo de derechos fundamentales, especialmente ante la ausencia de una base legal específica y el principio de consentimiento reforzado en el tratamiento de datos sensibles.

El fraude masivo con licencias médicas en el sector público destapó no solo un uso indebido de beneficios laborales, sino un entramado de fallas normativas, debilidad institucional y cultura de impunidad que exige una reforma profunda del Estado y una modernización urgente de la función pública.

La controversia entre la Contraloría General de la República y la Corte Suprema sobre el carácter vinculante del informe de la COMPIN en casos de salud incompatible, regulados por el artículo 151 del Estatuto Administrativo, revela profundas tensiones entre la gestión administrativa, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica en el empleo público.

El asunto de la “confianza legítima” no será más una materia de análisis e interpretación por parte de la Entidad Fiscalizadora atendido los numerosos casos que también han sido ventilados ante instancias judiciales, razón por la cual, considera esta temática “per se” como un asunto litigioso, y por ende, de competencia exclusiva de la judicatura.

Resulta contradictorio que el Órgano de Control (cuya interpretación es seguida por la Administración, dado su carácter de vinculante) siga negando la aplicación práctica de una disposición de carácter general y supletoria a procesos administrativos especiales que no expresan una regla contraria o francamente guardan silencio. Contraloría debiese reconsiderar y uniformar su jurisprudencia en aras de la integración y coherencia procesal que tan necesaria se torna ante la diversa existencia de instituciones administrativas de regulación adjetiva.