Corte de San Miguel ordena a FACH fundamentar decisión de retiro de sargento

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección interpuesto por un sargento 2º de la FACH en contra del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile a raíz de la dictación de una Resolución mediante la cual se ratificó su inclusión en la lista anual de retiros del período 2024/2025. La recurrente solicitó dejar sin efecto el acto, ordenar su reincorporación al servicio activo y disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado.

La funcionaria sostuvo que, conforme al procedimiento calificatorio del último período anual, la Junta de Selección del Cuadro Permanente de la IIª Brigada Aérea rebajó de manera arbitraria e injustificada su promedio general de calificación a 5,78, lo que determinó su inclusión en Lista N° 2 y, con ello, su incorporación en la Lista Anual de Retiros, pese a que —según alegó— no existían informes negativos, anotaciones administrativas, amonestaciones ni sanciones que justificaran la reducción, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que exigen motivación de los actos administrativos. Indicó que el procedimiento se realizó modificando tres conceptos de su evaluación anual, rebajándolos a 3,5.

Añadió que, tras la dictación del acto, interpuso un recurso de reclamación administrativa fundado en antecedentes objetivos, argumentos jurídicos precisos y cuestionamientos sobre la legalidad, razonabilidad y falta de motivación del acto calificatorio, pero la misma Junta de Selección que adoptó la decisión cuestionada rechazó la reconsideración sin efectuar un análisis sustantivo de los fundamentos expuestos, vulnerando —a su juicio— el derecho al debido proceso, la imparcialidad, la probidad administrativa y el deber de motivación. Señaló además que, con posterioridad, se alteraron extemporáneamente los conceptos por los cuales se rebajó su nota, incorporándola a Lista N° 3, y que el recurso de apelación fue rechazado sin justificación, lo que implicó su inclusión en la Lista Anual de Retiros.

La recurrente afirmó que el acto es ilegal por omitir un requisito esencial del acto administrativo —motivación suficiente—, desconociendo las formas legales de los artículos 11, 13 y 41 de la Ley N° 19.880, vulnerando el principio de juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución, y contradiciendo la doctrina de la Contraloría General de la República y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

También lo calificó de arbitrario, al rebajarse calificaciones sin hechos concretos, informes negativos ni observaciones documentadas; al rechazarse recursos administrativos mediante respuestas genéricas, sin análisis sustantivo de sus alegaciones ni referencia a antecedentes; y al alterarse ex post conceptos clave a 3,50 sin fundamento verificable para justificar su inclusión en Listas N° 2 y 3 y, finalmente, en la Lista Anual de Retiros.

Del modo indicado alegó la vulneración del derecho a la vida e integridad psíquica (art. 19 N° 1), igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), debido proceso (art. 19 N° 3), vida privada y honra (art. 19 N° 4) y libertad de trabajo y su libre elección (art. 19 N° 16), todos de la Constitución.

La FACH solicitó el rechazo del recurso, ya que es improcedente por esta vía declarar la nulidad del acto, por tratarse de una cuestión de lato conocimiento no propia del recurso de protección.

En cuanto al fondo, expuso que, a diferencia de lo afirmado por la actora, esta registraba dos sanciones firmes y ejecutoriadas durante el período calificatorio 2024–2025. La primera, por hechos constitutivos de acoso laboral que quedó firme luego de que no se dio lugar al recurso de apelación sancionándola con un día de arresto. La segunda una amonestación impuesta durante el mismo período por incumplir una orden del Comandante del Grupo de Defensa, falta que fue reconocida por la funcionaria. Ambas sanciones se encontrarían firmes y ejecutoriadas.

En ese contexto, la FACH indicó que en el período 2024–2025 la recurrente fue propuesta por su calificador directo para Lista N° 2 con nota promedio 5,78, constando en su expediente las medidas disciplinarias mencionadas. La actora reclamó ante la Junta de Selección del Personal del Cuadro Permanente de su unidad, lo que no fue acogido, manteniéndose el promedio y la clasificación en Lista 2. Posteriormente, la misma Junta analizó su desempeño profesional y personal y acordó bajar las notas en los conceptos N° 1 “honor” de 5,9 a 3,5; N° 2 “Ámbito Social” de 5,48 a 3,5; y N° 5 “Tolerancia a la Presión” de 5,47 a 3,5, quedando con un promedio final de 4,88, siendo clasificada en Lista N° 3 “Condicional” e incluida en la Lista de Retiros a contar del 1 de octubre de 2025, para hacerse efectivo el 31 de diciembre de ese año. Se indicó que el acuerdo se comunicó el 3 de julio, pudiendo interponer recursos; que el reclamo fue desestimado el 17 de julio y que, posteriormente, el recurso de apelación fue rechazado el 5 de agosto.