Corte de Concepción declara ilegal detención de comuneros mapuche en Ercilla

Sin embargo, “(…) no se consignó la existencia de ninguna hipótesis de flagrancia, ni se verificó que los amparados hubiesen realizado conducta alguna que justificara el empleo de técnicas coercitivas de inmovilización, ni mucho menos que legitimara la aplicación de fuerza potencialmente lesiva, como compresión cervical o reiterada exposición a sustancias irritantes. Tampoco se indicó que se hubiese solicitado la exhibición de cédula de identidad o documentos del vehículo ni que el procedimiento se enmarcara en un control de identidad conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal, lo que descarta, por sí solo, la legalidad del posterior traslado a la unidad policial.”

De esta forma, “(…) la ausencia de verbalización clara del motivo de la intervención, la inexistencia de una hipótesis legal de control o detención, la desproporción del uso de la fuerza y el traslado de los amparados esposados, sin fundamento normativo, configuran un actuar que excede las facultades legales conferidas a Carabineros y vulnera directamente los derechos asegurados por el artículo 19 N°7 de la Constitución, al haberse producido una privación y perturbación ilegítima de su libertad personal. Ello se ve reforzado por el hecho de que uno de los amparados fue mantenido en custodia hasta pasada la medianoche, debiendo constatar lesiones recién en Collipulli, mientras el otro amparado -aun sin visión producto del gas- fue trasladado igualmente en calidad de detenido. Tales circunstancias dan cuenta de una detención de facto, carente de sustento normativo.”

En cuanto los otros amparados, “(…) los antecedentes acompañados permiten tener por establecido que ambos fueron igualmente apuntados con armas de fuego, amenazados y -en el caso de la primera- empujada, golpeada con el cañón del arma y rociada con gas irritante, sin que existiera indicio alguno que justificara su sometimiento a tales tratos. El informe institucional se limita a afirmar que solo se contuvo a una mujer para evitar interferencias, desconociendo toda interacción con terceros; sin embargo, tal afirmación resulta insuficiente frente a los relatos consistentes y a las lesiones descritas y fotografiadas. Ello revela nuevamente un uso desproporcionado de la fuerza, vulneratorio de la seguridad individual.”

Enseguida advierte que, “(…) un proceder policial carente de fundamento legal, ejecutado con fuerza excesiva, no verbalizado conforme a los protocolos institucionales, y que deriva en lesiones físicas, constituye un acto ilegal, por contrariar abiertamente la normativa constitucional y legal que rige la actuación de las policías; y asimismo arbitrario, por derivar de decisiones carentes de razonabilidad y sustentación objetiva, afectando gravemente la libertad y seguridad de los amparados.”

En consecuencia, “(…) se configura a cabalidad el presupuesto del artículo 21 de la Constitución -esto es, la existencia de una privación y perturbación ilegal y arbitraria al derecho a la libertad personal y seguridad individual-.”

En base a esas consideraciones, la Corte acogió el recurso de amparo y ordenó a la institución abstenerse de realizar futuros procedimientos que no se ajusten estrictamente a la ley, y adecuar su actuar a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente.

Vea sentencia Corte de Concepción Rol N°480-2025.