Límite judicial en materia disciplinaria: Comentarios sobre la Sentencia de la Corte Suprema en causa Rol 12.367-2025, por Felipe Banetti

El pasado 15 de enero del presente, la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, se pronunció en un interesante fallo[1] sobre un recurso de apelación deducido en contra de una resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió recurso de protección en primera instancia, por estimar, que la decisión sancionatoria (destitución) tomada por Gendarmería de Chile[2] en contra de la recurrente, carecía de una fundamentación suficiente que justificara la proporcionalidad de la medida aplicada, lo cual vulneraba las garantías contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenando a dicha institución, emitir una nueva resolución debidamente motivada.

En específico, mediante el recurso de apelación, la recurrente solicitaba que la Maxima Magistratura revocara la resolución de la Corte de Apelaciones respectiva, y rechazara el recurso de protección deducido, por cuanto se estimaba que la medida disciplinaria se había adoptado en un sumario administrativo tramitado conforme a Derecho y que la gravedad de la infracción disciplinaria cometida habilitaba para aplicación de la máxima sanción contemplada en el Estatuto Administrativo, esto es, la destitución, cuestiones que fueron dadas ha lugar por dicha Magistratura.

Ahora bien, la Tercera Sala de la Corte Suprema efectúa una interpretación normativa interesante de comentar.

En primer lugar, se pronuncia, una vez más, sobre la naturaleza jurídica “cautelar” del mecanismo del recurso de protección, indicando que aquel “constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la Carta Fundamental se contemplan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio”[3].

Sin perjuicio de aquello, en un segundo término, el Máximo Tribunal sostiene que: “la acción de protección no constituye una instancia de revisión del mérito de las decisiones adoptadas en sumarios administrativos, pues no es su función sustituir la apreciación técnica o disciplinaria de la Administración. El control jurisdiccional que procede en esta sede se limita a examinar si el acto recurrido adolece de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, pero no permite supervisar ni revalorar las conclusiones atingentes a la responsabilidad funcionaria, lo cual pertenece a la órbita decisoria de la autoridad competente dentro del procedimiento disciplinario”[4].

Vale decir, la Corte Suprema de Justicia, fija un importante limite judicial en materia administrativa disciplinaria, por cuanto reconoce que, por medio del mecanismo de recurso de protección, sin perjuicio de su carácter cautelar, no se puede entrar a conocer sobre el fondo de los fundamentos esgrimidos en las decisiones adoptadas por una determinada entidad pública. Por su parte, a mi entender, se ratifica que el rol de la judicatura ante este tipo de causas es revisar la legalidad de los procesos disciplinarios, y en específico, velar por el respeto a las garantías de un racional y justo procedimiento.